No nos dejes caer en la tentación

Muchas son las conclusiones y consecuencias que se pueden derivar del desastre de la gestión de ANCAP. Un resultado catastrófico que no deja de asombrarnos, la empresa pública más grande del país que funciona en régimen de monopolio en la mayor parte de sus rubros, en la época de mayor bonanza económica de la historia del país, sin que haya habido un aumento del precio del crudo ni del dólar...se fundió.

Tan grave que la suma de las pérdidas de los últimos cinco años alcanza a U$ 800 millones y representó para el Estado la imprescindible urgencia de capitalizar a ANCAP por U$ 622 millones. Qué dolor cuando se compara esa magnitud de recursos destinados a rescatar una empresa que debería dar ganancias al Estado, con las graves situaciones que surgen de las catástrofes climáticas que hemos sufrido. Qué bien vendrían esos recursos para enfrentar las graves dificultades actuales.

Hay que hacer mucha cosa mal para llegar a un resultado tan increíblemente desastroso. No debe haber otro ejemplo similar en el mundo de tal calibre de la incapacidad de gestión, de negligencia, ineptitud y mala administración. Además, plagado de irregularidades, de las que varias tienen apariencia de delito que ya han sido debidamente denunciados a la Justicia.

Pero, además, el desastre de ANCAP tuvo una arista crítica adicional. Nadie puede dudar que, simultáneamente, la empresa estatal fue usada como plataforma de lanzamiento de una candidatura política que refiere a la actual posición del Vicepresidente de la República.

La gestión está plagada de ejemplos de uso indebido de los recursos para el autobombo y la promoción de su presidente. Inauguraciones fijadas en función de un calendario que en nada tiene que ver con la finalización de las obras, con fiestas promocionadas de manera totalmente exagerada, publicidad institucional con una inocultable sintonía con el enfoque de la campaña electoral de la lista de su ex Presidente, hasta llegar inclusive a la aprobación de publicidad para una radio que no funcionaba y, además, era propiedad de un dirigente político que fue candidato por el sector del propio presidente.

Nunca habíamos visto tal abuso del cargo para convertirlo en instrumento de promoción electoral; pero sin llegar a estos extremos insólitos, lamentablemente ha sido muy frecuente que los cargos en los Directorios de las empresas públicas se aprovechen para impulsar apoyos políticos y electorales.

¿Alguien puede negar que muchas veces los partidos políticos usan los cargos en los Directorios para colocar dirigentes políticos que no alcanzaron a ser electos en las instancias electorales y se los ubica como "premio consuelo" en esos cargos? ¿Alguien puede negar la existencia de una fuerte correlación entre las donaciones y colaboraciones que históricamente han realizado las empresas públicas con los Departamentos de origen de sus directores?

También hemos asistido a ejemplos similares al de ANCAP, particularmente ese fue el caso de ANTEL a fines de los noventa, cuando la gestión de aquel Directorio iba atada a la promoción electoral de su presidente.

Si queremos empresas públicas profesionales, que actúen con idoneidad técnica y apego a su misión empresarial en sintonía con los intereses generales del país, tenemos que realizar una profunda reforma de su regulación y funcionamiento.

Una de las reformas indiscutibles tiene que ver con evitar la tentación del uso indebido de las empresas públicas con criterio electoral. En efecto, la Constitución establece un régimen que promueve la tentación del uso electoral, puesto que los directores de los entes y servicios del Estado, renunciando doce meses antes de las elecciones, pueden ser candidatos.

Esto es diferente en el caso del BPS, donde los directores no pueden ser candidatos hasta pasados cinco años de su cese. Esta norma, establecida justamente para evitar que quienes tienen decisión sobre el sistema previsional no puedan aprovechar ese cargo con fines electorales, hoy en día, habida cuenta de la importancia que han adquirido las empresas públicas, debería extenderse al mismo plazo que el que se establece para el BPS.

De este modo, quienes sean designados como directores de las empresas públicas, saben que no podrán ser candidatos al final de ese período y, por tanto, no tendrán incentivos para actuar con fines electorales.

Esto requiere una reforma constitucional y, en tal sentido, hemos presentado un proyecto de ley constitucional con tal contenido y hemos comenzado los contactos con los demás partidos para buscar las mayorías políticas que permitan incorporar esta necesaria reforma, para bien de todos los uruguayos.