Moncloa oriental

El Comité Nacional del Partido Socialista decidió promover un acuerdo social para "construir conciencia de Estado", al decir de su secretario General, Eduardo Fernández. La iniciativa flotaba en el ambiente luego de la referencia a un "pacto social" hecha por el presidente del directorio nacionalista, Jorge Larrañaga, en la sede del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT.

Su sola mención remite a otros acuerdos de gobernabilidad más o menos ilustres, desde los pactos de la Moncloa, con que la sociedad española sorteó los desafíos de la democratización a fines de los `70, hasta los acuerdos de la Conapro, obra inconclusa de las organizaciones sociales y políticas uruguayas a la salida de la dictadura. Pero aquellos pactos venían en auxilio de instituciones democráticas frágiles, partidos políticos atomizados, sociedades castigadas por altos niveles de desocupación y economías azotadas por la inflación y el déficit presupuestal, un escenario radicalmente distinto al que hoy nos toca vivir. ¿Para qué puede necesitar este gobierno un pacto social?

Por lo pronto, la Administración Vázquez tiene asegurada la gobernabilidad en todos sus frentes: votos suficientes en el Parlamento, oposición desmelenada pero responsable y un tejido social de aceptable performance institucional. Podría pensarse que un pacto serviría principalmente para disciplinar la interna oficialista, sobre todo en su rama sindical, donde comunistas y emepepistas alternan el perfilismo con la lealtad al gobierno. Sin embargo, es evidente que blancos y colorados necesitan redoblar su participación en algunos asuntos fundamentales de los que han estado excluidos. No ha de ser casualidad que se plantee el pacto social después que el oficialismo aprobó las reformas más emblemáticas de esta administración, como la tributaria y la de la salud, mientras se prepara para sacar la ley de educación y la reforma del Estado con votos propios. ¿Qué sentido tiene, entonces, un pacto social?

Un acuerdo de esa naturaleza permitiría establecer políticas de Estado de largo plazo, en especial en algunas áreas fundamentales como la estabilidad salarial, los sectores prioritarios de la producción, la política exterior, la educación y la investigación científico-tecnológica.

Está claro que un pacto de gobernabilidad no debería buscar la anulación de los antagonismos y contradicciones sociales. Los acuerdos realistas suelen ser concretos y específicos. Tampoco sirven para cualquier cosa. Los pactos de la Moncloa, por ejemplo, permitieron el desarrollo de la institucionalidad democrática y lograron cierta la estabilidad macroeconómica, pero no resultaron particularmente útiles para otros fines sociales, como abatir el desempleo y aumentar el salario.

En todo caso, este proceso fomenta el diálogo y la aceptación del otro, mejora las habilidades de comunicación y aumenta la demanda de transparencia. Además, establece estándares más exigentes a las propuestas de los distintos actores sociales, según criterios de aplicabilidad y sensatez. Lo que sería una razón suficiente para promoverlo.