Más vale tarde que nunca

De acuerdo a los trascendidos, el MIDES estaría sustituyendo, a partir del segundo semestre del presente año, el Programa de Ingreso Ciudadano por un nuevo régimen de Asignaciones Familiares que se complementaría con un sistema de pagos de pensiones a la vejez que alcanzaría a las personas mayores de sesenta y cinco años.

La propuesta aumentaría sustancialmente el valor de la prestación de asignación familiar y tomaría en cuenta el número de hijos menores del hogar, estableciendo una secuencia progresiva en los montos a percibir en función del tamaño del hogar. A su vez, los valores tendrían una diferenciación por edad de los beneficiarios, aumentando el monto para los adolescentes de edad correspondiente a la enseñanza media.

Además, la asignación familiar se haría efectiva a través de la madre y estaría condicionada a algunas contrapartidas básicas en salud y educación.

Hace dos años, cuando el gobierno recién asumido presentó su Plan de Emergencia construido en torno al Ingreso Ciudadano, señalamos con energía que el camino adecuado para responder a las situaciones de pobreza y marginalidad era el impulso a las Asignaciones Familiares en los términos, casi idénticos, a los que hoy el gobierno asume como propios.

Es más, esta propuesta de reforma del régimen de Asignaciones Familiares es prácticamente igual a un proyecto de ley que presentamos, sin éxito, en el año 2001 ante la Cámara de Diputados.

En el año 2005 hicimos notar al gobierno que si se estaba hablando de emergencia, la aplicación de la asignación familiar era el procedimiento más rápido para llegar de manera objetiva y universal a las familias más carenciadas. Se respondió que se prefería optar por el ingreso ciudadano y el gobierno inició un largo y penoso camino de desembarcos en los diferentes barrios y asentamientos marginales para descubrir la pólvora y lentamente después de varios meses (casi todo el año 2005) anunciar que se había llegado a cubrir alrededor de setenta mil hogares.

Nada dijeron de los miles y miles de hogares que quedaron sin relevar, de los miles y miles de familias que todavía están esperando que los visiten o revisiten. Que no haya habido un estallido social no significa que no haya existido una falla muy seria en el proceso de admisión de los hogares al ingreso ciudadano .

Con el mecanismo de la asignación familiar el problema de cobertura se habría resuelto de un mes para otro y sin el riesgo de los particularismos y las exclusiones arbitrarias. Pero claro, el nuevo gobierno quería hacer algo nuevo y si simplemente ampliaba, como va a hacer ahora, el beneficio de la asignación familiar no sería visible que era una acción del nuevo gobierno.

Una y mil veces señalamos que no era justo que la aportación del ingreso ciudadano fuera del mismo monto con independencia del tamaño del núcleo familiar; tozudamente se insistió en este criterio groseramente inequitativo. Pues bien, dos años después vemos que la nueva propuesta toma en cuenta, como parecía obvio, el tamaño del hogar para definir el monto a otorgar.

En definitiva, parece que el Plan de Equidad, sustitutivo del Plan de Emergencia, aparece como más justo, sensato y eficaz que el anterior. No obstante el acierto de pasar del sistema del ingreso ciudadano a la asignación familiar , quedan pendientes algunas ausencias o carencias que tenemos que remarcar. Sigue faltando un programa de políticas y acciones más integrales dirigidas a nuestra población adolescente y joven. El drama de la educación media sigue sin encararse en toda su profundidad.

Sin embargo, debemos anotar que, si los lineamientos que orientan el futuro Plan de Equidad son los que han trascendido recientemente, es una buena noticia que va a mejorar la calidad de las respuestas a las situaciones sociales más dramáticas. Aunque para que ello ocurra hayan tenido que transcurrir dos años completos de oídos sordos a la sensatez y de obcecación en el error. Dos años completos de demora en responder a los dramas de nuestras familias con mayor número de niños y adolescentes a cargo.