Llamadas

La situación generada con la frustrada grabación de una entrevista al colega Miguel Nogueira en Canal 4 dejó una sensación extraña. Quizás todo fue una sucesión de hechos fortuitos que ya no merecen siquiera ser recordados. Quizás no, y detrás de la anécdota exista una trama de decisiones oficiales y empresariales sobre las que vale la pena reflexionar.

Los hechos tomaron mayor vigor durante el Día Mundial de la Libertad de Prensa, convocado este año por Naciones Unidas con el objetivo de que las personas puedan “hablar sin riesgo” y por “el ejercicio seguro de la libertad de expresión”.
Según la organización Reporteros sin Fronteras, el 2012 fue el peor año para los periodistas en casi dos décadas, con noventa periodistas y cuarenta y ocho internautas asesinados, casi trescientos encarcelados y cientos obligados al exilio, además de docenas de ataques a informadores y medios de comunicación.

En lo que va del 2013, la cifra de comunicadores asesinados es de veintiocho y hay casi trescientos cincuenta personas presas por opinar libremente. Ningunos de estos casos ocurrieron en Uruguay, que se encuentra en el puesto 27 del ranking mundial de libertad de prensa (en una lista de casi 180) por encima de países como Gran Bretaña y Estados Unidos. Según Reporteros sin Fronteras, en el continente americano sólo Costa Rica y Canadá superan a Uruguay pero no deberíamos festejar el tercer puesto en una carrera de tortugas.

Más allá de las persecuciones, las clausuras y la represión pura y dura, ¿qué tiene que ocurrir para que se configure un caso de censura? Por lo pronto, el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que la libertad de opinión y de expresión de los individuos incluye el de “no ser molestado a causa de sus opiniones”, así como el de recibir y difundir informaciones y opiniones ”por cualquier medio de expresión”.

Si hubo llamadas y presiones por parte de personal jerárquico de TNU tanto peor; si no las hubo no se entiende por qué las autoridades del canal 4 habrían de interrumpir u omitir la difusión de una entrevista oportunamente pactada y en curso. Más bien parece que las autoridades del medio interpretaron una llamada que no tenía como destinatario al entrevistado como el comienzo de un posible problema que podía enfrentarlos a una institución dependiente del Poder Ejecutivo.

Algunas organizaciones que trabajan por la libertad de prensa le llaman “censura blanda” a las llamadas de funcionarios públicos a las redacciones con el fin de prevenir la publicación de algún material o intimidar indirectamente a algún periodista. Nuestra cultura cívica nos permite vivir y trabajar en un país en el que no hay periodistas ni blogueros asesinados, encarcelados o perseguidos. Sin embargo, no todos los empresarios y funcionarios entienden de la misma forma lo que significa una llamada.

Si no se toma conciencia de los riesgos que implican los procedimientos de la “censura blanda” corremos el riesgo de que nos bajen del podio. O que nos pasen cosas peores.