Ley mordaza: autoritaria e inconstitucional

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción legislativa, establece para las elecciones de 2014 la prohibición de contratar publicidad electoral en los medios electrónicos y se otorgan exclusivamente espacios gratuitos para los partidos políticos.

La prohibición de contratar publicidad electoral, ya de por sí, afecta el principio de la libertad de contratación y limita a los partidos en su libertad para decidir cuánta publicidad electoral quieren realizar. Pero, el problema no es sólo la afectación de la libertad de contratación sino que, además, se incorporan criterios abusivos e inaceptables para la distribución de la publicidad electoral gratuita.

En efecto, la norma impulsada por el partido de gobierno establece, en forma autoritaria, que la publicidad gratuita será proporcional a los votos obtenidos por cada partido en la elección nacional anterior. De este modo, se adopta un criterio que tiene por objetivo evidente el congelamiento de la realidad electoral, amordazando a los partidos más chicos y otorgando una ventaja oprobiosa e inadmisible a aquellos partidos que obtuvieron más votos cinco años antes.

Resulta tan evidente la intencionalidad del partido de gobierno de echar un cerrojo sobre su situación actual mayoritaria, que el mero análisis de los datos nos exime de mayores comentarios.

Por otra parte, la norma prohíbe la contratación de espacios publicitarios, por lo que se condena a los partidos más chicos a espacios publicitarios marginales y secundarios. Todos sabemos que la publicidad en los medios electrónicos es un instrumento fundamental en una campaña electoral y que tiene un impacto significativo en la obtención de votos.

Más allá del debate académico sobre la cantidad de electores que se deciden a partir de los mensajes publicitarios, lo cierto es que la ausencia de publicidad o su presencia muy reducida afecta enormemente las posibilidades de captar nuevos votantes o, peor aun, aumenta el riesgo de perder a los que se poseen ante la ausencia de un mensaje visible.

No solo se afecta la libertad de expresión de los partidos, limitando en forma arbitraria e injusta sus posibilidades de comunicación con la ciudadanía, sino que se afecta también la libertad de elección de los votantes, quienes recibirán los mensajes en forma absolutamente sesgada y tendenciosa.

Si se quiere evitar el gasto en publicidad mediática y si se busca controlar el tiempo dedicado a la publicidad electoral, debió haberse optado por establecer una distribución de los tiempos en forma equitativa e igualitaria. Así como todos los partidos tienen derecho a presentarse ante la ciudadanía a solicitar el respaldo electoral, resulta absolutamente arbitrario que se tome como referencia los votos obtenidos en la elección anterior, lo que otorga al que votó mejor en dicha elección una injusta, injustificada y absurda ventaja para la nueva elección.

Se trata, además, de una norma inconstitucional porque afecta el derecho de libre expresión de las organizaciones políticas, porque afecta la libertad de contratación y porque, además, al tratarse de una ley referida a aspectos electorales requiere de mayorías especiales que no se han obtenido.

Pero más allá de la contienda jurídica, lo más grave es que detrás de esta iniciativa se esconde la intención antidemocrática del partido de gobierno de querer perpetuarse en el poder de manera artificial y tramposa.

En caso de que se busque su aprobación en la Cámara Baja, no tendremos otra alternativa que considerar esta iniciativa como una verdadera declaratoria de guerra del Frente Amplio a nuestro partido. Una nueva demostración de los devaríos y los desmanes que produce la existencia de mayoría absoluta para un partido en el Parlamento.

Resulta, además, particularmente sorprendente que un partido, como el Frente Amplio, que sufrió las dificultades de haber sido una minoría hace no demasiado tiempo, y que denunció las maniobras de los partidos tradicionales para perpetuarse en el poder, ahora se convierta él mismo en un impulsor de nuevos mecanismos autoritarios.

Por supuesto que presentaremos de inmediato una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia y su derogación será nuestra iniciativa inmediata en el próximo período de gobierno.

Con los principios democráticos y con el derecho al pluralismo no se juega.