Ley de medios: un retroceso en la calidad de nuestra democracia

Es cierto que se introdujeron numerosas modificaciones, pero no menos cierto es que el núcleo central de la controversia, la adjudicación de competencias en materia de control, regulación y sanción con respecto a los contenidos que emiten los medios, se mantuvo inalterado con la consiguiente afectación de la libertad de expresión y del ejercicio efectivo del pluralismo.

En efecto, el gobierno se despachó hace unos meses con la presentación de un proyecto de ley de casi doscientos artículos en los que establecía un conjunto de medidas y decisiones que van a modificar nuestras tradiciones en materia de la libertad de prensa y de expresión plural del pensamiento. No existió ningún ámbito multipartidario para dialogar, discutir e intercambiar ideas sobre esta temática, tan central y crucial para la institucionalidad política. Directamente se envió la norma al Parlamento y recién allí con la propuesta arriba de la mesa, comenzó el debate.

Es cierto que este país necesita una regulación que establezca criterios objetivos y jurídicamente definidos en lo que tiene que ver con la regulación de la adjudicación y la renovación de las licencias para operar los medios de comunicación audiovisual. En tal sentido, ese aspecto de la normativa propuesta no nos merece reparos. Existía un vacío legal que ha dejado abierto el camino para que históricamente se haya hecho un manejo absolutamente discrecional por parte del gobierno de turno con respecto a la entrega de emisoras radiales y televisivas así como señales de televisión por cable.

De todos modos, acabamos de presenciar que este mismo gobierno, que propone reglas objetivas para la adjudicación de medios de comunicación audiovisuales, acaba de protagonizar un episodio lamentable al adjudicar los canales de TV digital en Montevideo con criterios que, en definitiva, fueron tan arbitrarios como los que se cuestionaban. Como dijimos en otras oportunidades, solo hay algo peor que asignar a dedo los medios de comunicación, ello consiste en anunciar que se realizará mediante procedimientos objetivos y después terminar haciéndolo igual que siempre.

Pero, aceptado como necesario el establecimiento de reglas objetivas para la asignación de medios de comunicación electrónicos, sin embargo la norma va mucho más allá creando un conjunto de competencias enormemente riesgosas para la libertad y asignándolas a un organismo que depende jerárquicamente de Presidencia de la República.

Ya en la primera versión se proponía la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual que tenía un fuerte componente de injerencia política en la medida que su propia actuación se radicaba en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la nueva propuesta que traslada estas competencias a la URSEC no mejora en nada la situación anterior, más bien la empeora porque se radica en un organismo que depende jerárquicamente de Presidencia de la República que, además, no está sometido al control parlamentario.

Es muy grave lo que el gobierno ha decidido impulsar en estos días. Va a existir un organismo público ajeno al control parlamentario y situado en la órbita del Poder Ejecutivo que va a tener enormes potestades de control y sanción sobre los contenidos que emitan los medios de comunicación. Este organismo podrá actuar mejor o peor, no importa; lo que realmente importa es que se genera un diseño institucional que permite el avasallamiento impune de la libertad.

A partir de la fecha en que esta norma termine de aprobarse, se habrá generado una "espada de Damocles" en la cabeza de todos los periodistas de los medios de comunicación audiovisual que deberán estar pendientes y preocupados de que a la URSEC no se le ocurra limitar su libertad de expresión en virtud de criterios que la norma deja intencionalmente imprecisos y suficientemente ambiguos y amplios para permitir la arbitrariedad.

Los próximos informes sobre el estado de la democracia en el mundo nos van a deparar disgustos similares a los que nos produjeron los resultados de las pruebas PISA a los uruguayos. Es muy probable que Uruguay caiga varios puestos en los estudios comparados sobre la fortaleza y calidad de nuestra democracia, porque la nueva normativa impacta directamente en una de las columnas vertebrales de la definición democrática, que es la dimensión referida a la libertad de prensa, la libertad de expresión y el pluralismo.

De nada han servido, como siempre, las advertencias de los especialistas sobre las posibles inconstitucionalidades incluidas en la normativa. De nada sirvieron las opiniones de expertos internacionales que indicaron que no resultaba aceptable que el organismo encargado de controlar a los medios estuviera bajo jerarquía directa del Poder Ejecutivo.

Como en tantos otros casos, el Frente Amplio ha preferido hacer uso y abuso de su mayoría parlamentaria para aprobar esta nefasta norma.

Una nueva razón para reafirmar nuestra lucha contra la mayoría absoluta parlamentaria y para convencer a los ciudadanos que no reiteren mandatos mayoritarios en las próximas elecciones nacionales.

De más está decir que existe nuestro más firme compromiso de impulsar la derogación de esta normativa en el próximo período de gobierno, cuando las mayorías absolutas pasen a ser solo un mal recuerdo del pasado reciente.