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Hace unos días volvía a encontrarme con una campaña contra las drogas.

Genéricamente, se pedía utilizar un lazo verde para manifestar un rotundo “no a las drogas”, a lo que me negué y así lo hice saber en mi perfil de Facebook. En términos generales, mi planteo se fundamentaba en que las “drogas” han estado junto a los seres humanos desde que comenzamos nuestra aventura en el planeta, hace ya unos cuarenta mil años, y parece poco probable que vayan a abandonar un lugar de tanto privilegio.

La campaña responde a la urgencia con que se debe atender a las víctimas de adicciones y está impulsada principalmente por familiares y amigos, además de aquellos que han triunfado en la lucha contra su propia enfermedad. Nada habría para reprocharles en ese sentido, salvo porque es un grave error ver un fenómeno tan complejo y arraigado desde una perspectiva tan reducida.

Las campañas deberían tener como objetivo sensibilizar a la población sobre los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas (legales o ilegales, lúdicas o clínicas) así como procurar los recursos para que los adictos reciban la mejor atención posible. Confundir estos objetivos con el slogan “no a las drogas” es introducir un elemento ilusorio que tiene más de moralismo y neurosis colectiva que de profilaxis. En los hechos, América Latina viene diciéndole “no a las drogas” desde hace décadas por la vía de la criminalización y la persecución y sólo ha logrado sembrar el continente de corrupción y muerte. La negación, la prohibición y la represión no parecen habernos conducido a buen puerto.

En primer lugar, este tipo de campañas ponen el énfasis en las “drogas” y no en las personas, siendo que la disponibilidad de sustancias psicoactivas alcanza a un grupo infinitamente mayor del de los adictos. Dicho de otro modo, para que haya un adicto se necesita mucho más que la presencia de una sustancia, y esto tiene que ver con factores emocionales, familiares y sociales.

En segundo lugar, estas campañas soslayan las consecuencias terribles del prohibicionismo, especialmente la criminalización del consumo. En Uruguay, por ejemplo, no está penalizado el consumo de marihuana, pero la ley no prevé ninguna forma legal de abastecer a ese consumidor, con lo que el vacío legal termina empujándolo a vincularse con el narcotráfico.

En tercer lugar, porque la marihuana podría ser un buen sucedáneo a la pasta base, al menos en ciertas etapas del tratamiento, para lo que sería necesario un cambio en la legislación que haga posible el cultivo, tanto para autoconsumo como para uso terapéutico.

Sería más coherente con los objetivos que se proclaman decir “no a las adicciones”, “no a la pasta base” e incluso “no a la falta de alternativas terapéuticas”, dejando fuera de tan radical negativa a quienes, habiendo experimentado con sustancias psicoactivas de curso legal o ilegal, no presentan problemas en su consumo.