Lección

La Casa Blanca decidió que Dzhokhar Tsarnaev, el sospechoso sobreviviente del atentado en la maratón de Boston, no sea sometido a un tribunal militar como “enemigo combatiente” sino juzgado como civil. La diferencia es significativa porque la “ley de la guerra” (así invocada por el senador y ex candidato presidencial John McCain, considerado un republicano moderado) permitiría a las autoridades retenerlo e interrogarlo indefinidamente y sin respetar los derechos y salvaguardas de los que gozan los ciudadanos estadounidenses.

El debate es importante para los estadounidenses pero también para aquellos países que, como Uruguay, se sienten vulnerables a la violencia delictiva, un escenario que favorece la adopción de medidas legales y policiales más severas y menos garantistas.

El argumento de McCain se parece mucho a la coartada utilizada por los represores de las más diversas orientaciones ideológicas. Como para ellos la coyuntura siempre es “crítica”, el objetivo no puede ser otro que “recabar información” para “proteger a la nación”. Así las cosas, el derecho de los detenidos a un juicio justo pasa a un segundo plano. En tales circunstancias, quienes reclaman el respeto de los derechos de los enjuiciados ser acusados de ingenuidad o tilinguería, cuando no de traición a la patria.

Los investigadores del atentado de Boston procuran mantener con vida a Dzhokhar Tsarnaev para saber si él y su hermano actuaron por cuenta propia o integraban una organización de mayor porte, con planes de realizar otros actos terroristas. En lugar de actuar cuando se estaba a tiempo, con las pistas y los medios de que disponía, el FBI quiere hacer su trabajo ahora, con un sospecho moribundo al que deberá revivir para luego someterlo a un interrogatorio exhaustivo.

Para Dzhokhar Tsarnaev, la decisión de la Casa Blanca de considerarlo un sospechoso civil es la diferencia entre el derecho (con sus defensores, fiscales, investigaciones y las garantías del habeas corpus) y la vesania de la tortura y los confinamientos sine die de Guantánamo. Aunque sabe que enfrentará una larga condena por sus actos, pesa sobre él la amenaza de la pena de muerte.

Según Amnistía Internacional la pena de muerte ha sido abolida en las dos terceras partes de los países y muchos de los que la mantienen dejaron de usarla. El grupo de países en los que se aplica la pena capital se divide claramente en dos: China, que ejecuta cada año a miles de personas sin que se sepa cuántas exactamente, y el resto, donde las autoridades mataron legalmente a unas setecientas personas durante 2012.

Si bien buena parte de los estadounidenses la apoyan, seguramente muchos ignoran que su país integra la lista de los que más la utiliza, en compañía de regímenes de dudosa reputación en materia de derechos humanos como Arabia Saudita, China, Irak e Irán.

Hacerle pagar con su vida a los criminales no suele traer la paz. Aplicar la ley del Talión (la pena de muerte lo es) no repara el corazón de los familiares y compatriotas de las víctimas. Lo envilece.