Las responsabilidades del caso del "Pelón"

 ¿Cómo puede ser que alguien que mató a dos personas en tres meses, estuviera libre apenas dos meses después de haber matado a la segunda persona? ¿Cómo puede ser que un individuo que mató dos personas y sale libre dos meses después, mate a una tercera persona apenas una semana después de que lo liberaran?

Es demasiada locura junta, por un lado; es demasiada incapacidad y omisión por el otro lado.

La indignación es la reacción más lógica e inmediata ante esta situación horrenda. El vendedor de cigarrillos asesinado el pasado tres de enero fue asesinado de manera injusta y horrorosa por un individuo que no debería haber estado en libertad.

Nadie puede dudar ni discutir que el "Pelón" no podía estar libre; no hay que tener formación jurídica, no hay que ser abogado, juez o fiscal para llegar a la conclusión de que un individuo que mató dos personas en seis meses no puede estar libre dos meses después. Se trata simplemente de mero sentido común, nada más.

Tampoco es aceptable rehuir las responsabilidades. No puede simplemente decirse que se trata de un problema del sistema. Acá ha habido responsabilidades que deben asumirse.

Por supuesto, los que han estado promoviendo la reducción de la edad de imputabilidad toman este episodio como una nueva demostración de la validez de sus planteos. Señalan que el "Pelón" tiene 17 años y por eso reivindican su propuesta. Sin embargo, el razonamiento fracasaría si el Pelón hubiera tenido 15 en vez de 17 años, porque hubiera ocurrido exactamente lo mismo.

Otros cuestionan las normas vigentes y señalan que es necesario modificar el Código de la Niñez y Adolescencia porque los plazos procesales no son suficientes. Sin embargo, en los varios años de vigencia del código ninguna autoridad judicial reclamó con respecto a estos plazos.

La verdad efectiva es que un juez tuvo sesenta días para dictar sentencia sobre un caso de un menor que era homicida reincidente; y sabía perfectamente que si no dictaba sentencia lo estaría liberando. El juez, que conocía perfectamente el caso y al menor en cuestión, porque había entendido en la primera causa, dejó transcurrir el plazo sin emitir sentencia, sabiendo plenamente que ello significaba la libertad de esta persona.

Entonces, el horror ocurrió porque nuestra sociedad está produciendo menores capaces de matar a tres personas en seis meses, lo que debería llevarnos a una profunda y grave reflexión sobre lo que está ocurriendo en nuestra sociedad.

El horror también ocurrió porque seguramente las normas procesales deben revisarse y ajustarse para que no se propicien situaciones absurdas que hagan posible que estas personas sean capaces de ejecutar sus perversas conductas.

Pero el horror sobre todo ocurrió porque hubo un juez que dejó transcurrir los plazos, habiendo podido resolver de otra forma. Un juez al que no le pareció una barbaridad que un joven que había matado dos personas en tres meses saliera libre habiendo pasado tan solo dos meses privado de libertad.

Si obviamos esta circunstancia y nos dedicamos al debate político sobre la edad de imputabilidad, se habrán obviado las responsabilidades más evidentes en este caso y continuaremos enfrascados en discutir una medida que, aunque a algunos no les guste, no resuelve nada y solo sirve para levantar una bandera electoral por parte de algunos políticos.