De inmediato, como optimista empedernido pensé que se trataba de algún impulso a la "madre de todas las batallas" la reforma del Estado. Ya habíamos dado un paso importante aprobando hace muy poco tiempo, durante el anterior gobierno de José Mujica una nueva ley que regula la función pública.

Pero el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, lo aclara con gran precisión: "El gobierno del presidente Tabaré Vázquez revisará la obligatoriedad de que los funcionarios públicos tengan que cumplir ocho horas diarias cuando trabajan en servicios que brindan atención de seis horas. La jornada de ocho horas en el Estado se hizo obligatoria en la administración de José Mujica con la aprobación del Estatuto de los Funcionarios Públicos y rige para los nuevos contratos de ingreso a la función pública."

La gran preocupación del doctor Scavarelli, su prioridad no es la calidad del servicio que reciben los ciudadanos, el nivel de atención, el colocar en el centro de la reforma del estado, por pequeña que sea, a los usuarios, a las personas, la gran preocupación es resolver la "inequidad" entre funcionarios dentro de una misma oficina, entre los que trabajan ocho horas y los que trabajan seis horas o seis horas y media.

Obviamente en ningún caso se trata de reducir la jornada y los haberes percibidos en forma proporcional, sino simplemente de retroceder a antes de la ley aprobada por el anterior gobierno del Frente Amplio. Y la pregunta que me surge gigante, avasalladora es ¿Quién es el autor de tan genial, oportuna y sentida reducción del horario de un grupo de funcionarios públicos?

¿En qué experiencias exitosas se basa este nuevo "avance" en los derechos de los empleados públicos, de modo de garantizar su adhesión a la labor, reforzar su sentido como servidores públicos?

El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, dijo a El País que actualmente se constata una "inequidad" entre los funcionarios de una misma oficina, porque los que recién ingresan (provisoriatos) están obligados por ley a trabajar ocho horas y los empleados que ya estaban cumplen un horario de seis horas o seis horas y media.

Y agrega en sus reflexiones: "Hay personas que están trabajando 8 horas diarias para llegar a las 40 horas efectivas en la semana en oficinas que cumplen horarios menores, porque ya están estandarizados de esa forma y ya tienen el derecho adquirido. El tema es cómo vamos a avanzar para que no se produzca esa situación que en definitiva no es equitativa ni para unos, ni para otros", opinó.

"En Uruguay hay 292.473 personas que tienen vínculos laborales con el Estado, según las últimas cifras del Observatorio de Gestión Humana de Servicio Civil, correspondientes al 2014", es decir que en relación a la población en edad laboral superan ampliamente el 10 %.

Y agrega la nota: "El promedio de edad de los funcionarios públicos es de 49,2 años (de acuerdo a la última medición del 2013). En el Estado hay 1.550 cargos políticos, de los cuales, 579 son de particular confianza. El Poder Ejecutivo tiene 33 cargos políticos y 164 de particular confianza, mientras que el Poder Legislativo cuenta con 130 cargos políticos y 17 de particular confianza. La totalidad de gobiernos departamentales posee 790 cargos políticos y 342 de particular confianza. A eso se agregan los pases en comisión que totalizan 1.373, la mayoría (904) cumplen funciones en el Ejecutivo".

"Todos los años ingresan nuevos funcionarios al Estado, pero hay otros que se van. En el año 2014 hubo 37.197 bajas de estos vínculos, de las cuales 687 fueron por fallecimiento, 412 por destitución y 6.654 por jubilación. Sin embargo el grueso de este número se justifica con 20.000 renuncias al Estado"

Las cifras "impactan", reconoce Scavarelli. "Confieso que me llamaron la atención estos números, porque siempre está la imagen de que no se va nadie del Estado y que no se echa a nadie, y sin embargo echamos a más de 400 personas en el 2015", comentó.

Scavarelli pretende avanzar sobre ese "nudo" en función de que el funcionario que recién ingresa se sienta "a la par de sus compañeros". Según entiende, la obligación de cumplir ocho horas diarias "no aporta mucho", cuando casi la totalidad de un servicio trabaja seis horas. "Es una cosa que tenemos que ir resolviendo, no creo que haya un resentimiento de la calidad del servicio si se cambia el horario y se adecua a la oficina", enfatizó el director.

La respuesta más breve y contundente que leí hasta ahora la dio el economista Gabriel Oddone: Gabriel Oddone ?@OddoneGabriel "Ejecutivo analiza bajar jornada laboral de funcionarios públicos. http://bit.ly/1JuYm3H . Un dislate: el fondo, la oportunidad, la forma."

Cuando el país afronta notorias dificultades con el empleo, muy alejados de las trágicas estadísticas de la crisis del 2002 y 2003 (19,4 %), incluso de la desocupación estructural superior al 11 % de los años anteriores, pero dificultades al fin, ¿la prioridad de la ONSC es reducir la jornada laboral de un grupo de funcionarios públicos?

¿Cuándo por primera vez desde hace una década el tema del empleo figura -obviamente para los trabajadores privados - entre las tres principales preocupaciones en las encuestas de opinión pública, lo que hay que hacer es reforzar la profunda "inequidad" entre los trabajadores públicos y privados?

¿Si hay 20.000 renuncias anuales de empleados públicos, no sería hora de dar un salto de calidad en la reforma en serio del estado y planificar una reducción de su número total, de acuerdo a los cambios que se han producido en los servicios, en las necesidades de la gente y al uso masivo de las nuevas tecnologías?

Somos uno de los países de la región y no solo, con sistemas avanzados de gobierno electrónico, los dos gobiernos frenteamplistas han realizado grandes y oportunas inversiones, una cantidad importantes de trámites y de prestaciones se pueden acceder a través de Internet, tenemos un alto nivel de conectividad por parte de las familias ¿eso no debería redundar en una planificada reducción del número de los empleados públicos?

Parece que no, que lo que se propone en reducir el horario de 8 horas a seis horas de un grupo de funcionarios públicos y con el tiempo, con el recambio natural y generacional, lograr que todos, absolutamente todos los funcionarios tengan ese innegable privilegio. Trabajen seis horas.

Todos sabemos lo que sucederá posteriormente, de inmediato, al segundo, las banderas de COFE se inflamarán reclamando que todos pasen a seis horas YA! y si algún servicio atiende ocho horas, se incorporen nuevos funcionarios para evitar la "inequidad" que en algunos servicios se atienda seis horas y en otros ocho horas. Y de esa manera resolveremos que un buen número de funcionarios reciban un importante aumento de sus haberes por hora.

He combatido durante muchos años, esa consigna pegada sobre todo en voluminosas camionetas 4x4 "Bajen el costo del estado" por la ideología facilonga que transmiten, pero con la misma pasión voy a combatir las calcomanías pegadas donde se les ocurra de, "seis horas para los empleados públicos" a lo que habría que agregar y los trabajadores de las empresas privadas que se jodan y aumenten todas las "inequidades".

En realidad más que la madre de todas las batallas, es la tatarabuela de los combates por la reforma del estado, un retroceso importante.

PD. Escucho ahora en la radio una declaración del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Enrique Murro, que aclara que este tema promovido por Scavarelli, no está en absoluto en la agenda del gobierno. Un alivio. Para algunos hablar es gratis.