La importancia del control parlamentario

Sin embargo, es necesario reivindicar y apoyar la existencia de este instrumento institucional en aras de la defensa y calidad del sistema democrático.

De hecho, el Parlamento cuenta con tres instrumentos para ejercer su control sobre el Poder Ejecutivo: los llamados a Sala, los pedidos de informes y las comisiones investigadoras. Lamentablemente, en los últimos años los tres instrumentos han perdido significación; ello se debe a la instalación de una cultura política y una forma de actuación que desdeña estos mecanismos de control.

Los pedidos de informes dependen en gran medida de la voluntad del jerarca correspondiente. Hay quienes responden en tiempo y forma a los pedidos de informes de los legisladores, hay quienes responden en forma aunque luego de demoras inadmisibles y hay quienes ni siquiera responden.

Es muy lamentable porque cuando el Frente Amplio estaba en la oposición se quejaba con toda razón por la falta de respeto de algunos jerarcas hacia el Parlamento al no dar respuesta a los pedidos presentados. Compartíamos con los legisladores del Frente Amplio estas críticas, sin embargo ahora con el Frente en el gobierno ocurre exactamente lo mismo.

Las normas vigentes no poseen vigor suficiente ni prevén sanciones para quienes incumplen el deber de dar respuesta al Parlamento; así las cosas la respuesta queda librada a la discrecionalidad del jerarca.

Por su parte, las Comisiones Investigadoras han sido erradicadas del paisaje parlamentario durante este período de gobierno porque este ha obstaculizado su formación, utilizando la mayoría parlamentaria que posee. Esto ha sido así a pesar de que han existido varias situaciones que ameritaban la investigación parlamentaria, como es el caso de lo ocurrido con PLUNA.

La oposición del partido de gobierno a cualquier investigación parlamentaria es nuevamente contradictoria con la conducta de este mismo partido cuando estaba en la oposición. En épocas anteriores, desde la oposición los legisladores del Frente Amplio presentaron numerosas iniciativas de investigación y en varios casos prosperaron. Por ejemplo, en el período 2000-2005 el gobierno aceptó integrar una Comisión Investigadora para estudiar las responsabilidades de la crisis financiera y bancaria de 2002 y el Partido Nacional (que cogobernaba con el Partido Colorado) dio sus votos para que nuestra iniciativa de investigar la gestión de la Corporación Nacional para el Desarrollo tuviera lugar.

Hay quien dice que las investigadoras son inútiles, sin embargo en muchos casos sus conclusiones fueron fundamentales para modificar la legislación vigente o para determinar responsabilidades de diverso tipo. El Poder Judicial indaga la existencia de eventuales responsabilidades penales, pero entre estas y la buena administración existe un ancho campo que es necesario tomar en consideración, Justamente, las investigadoras parlamentarias son las que pueden determinar la existencia de responsabilidades administrativas o políticas.

Finalmente, las interpelaciones parlamentarias fueron un instrumento muy relevante en el debate y la dinámica de gobierno en el pasado. Todos recordamos las interpelaciones de Wilson Ferreira en los años sesenta. En aquella época la fortaleza de la argumentación y la contundencia de las pruebas permitían que, aun habiendo mayoría parlamentaria a favor del gobierno, se produjera un desenlace que podía conllevar la renuncia del ministro.

Sin embargo, desde el retorno a la democracia, con una única excepción en 1988, todas las instancias de interpelación culminaron sin consecuencias políticas. Conviene tener presente que esta práctica de desprecio a la interpelación y de interposición de mayorías rígidas que no se modifican aunque las pruebas fueran devastadoras, comenzó a aplicarse desde el retorno a la democracia en 1985.

Ahora, con la mayoría absoluta del Frente Amplio, esta situación se consolida aun más. Pero en los hechos todos los partidos que han ejercido el gobierno contribuyeron a disminuir la importancia y el efecto de este instrumento de control parlamentario, afectando de este modo la fortaleza de las instituciones de control democrático.

El problema de fondo consiste en la distribución de poderes que la Constitución define entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En efecto, en el caso en que el interpelante pretenda ir hasta las últimas consecuencias el resultado final quedará en manos del Presidente de la República que podrá, si así lo quiere, disolver el Parlamento en vez de sustituir al ministro cuestionado. Los parlamentarios entonces ponen en juego su cargo, mientras que el presidente queda firme en su posición. Así las cosas, no hay quien vaya hasta las últimas consecuencias.

Si queremos que nuestra democracia sea fuerte y sólida es imprescindible fortalecer el Poder Legislativo como ámbito no solo de creación legislativa, sino también en su función de control al Poder Ejecutivo. Esto implica revertir un proceso de debilitamiento al que los diferentes gobiernos de los últimos tiempos han contribuido con sus prácticas y su cultura de "ninguneo".

Por eso, la cuestión no es señalar la inutilidad de las interpelaciones, los pedidos de informes y las comisiones investigadoras; la cuestión es fortalecer la función de control para mejorar la calidad de la democracia.