La evidencia de los Peirano

En efecto, Uruguay está incumpliendo con la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la medida que no otorga a estas personas el trato que, de acuerdo a dicha Convención, la justicia uruguaya debería brindar. Y este veredicto es independiente de la culpa y responsabilidad que estas personas han tenido.

Como se ha dicho, en realidad la situación de los hermanos Peirano es similar a la de buena parte de los presos que existen en este país. En efecto, alrededor del 60% de los presos uruguayos permanecen en prisión sin que se haya avanzado en el proceso penal y, por lo tanto, con la sentencia pendiente. En nuestro país, el momento decisivo del procedimiento penal es el auto de procesamiento, este ocurre en los primeros días del proceso y definido este evento, luego los expedientes se "eternizan" sin que se produzcan avances sustanciales en las causas de la mayor parte de los imputados.

Este es un proceso penal absolutamente arcaico y carente de garantías para las partes; es lento, burocrático, alienante y contribuye a generar la crisis actual en materia carcelaria. De esto, todo el mundo se ha dado cuenta desde hace largo tiempo; es más el Parlamento aprobó, hace ya casi una década, un nuevo Código del Proceso Penal que fue reiteradamente suspendido en su aplicación porque el Estado y el Poder Judicial no estaban en condiciones, por falta de recursos, de ponerlo en funcionamiento.

Así las cosas, como en tantos asuntos de nuestro lerdo y cadencioso modo de proceder, todos "miramos para el costado" y la situación sigue incambiada, aunque viole notoriamente los derechos humanos de los presos comunes. Es necesario que aparezcan presos notorios y con mayores recursos que la mayoría, para que el caso se presente a nivel internacional y se produzca el "triste papelón" que acabamos de vivir al quedar demostrado que nuestro sistema penal viola sistemáticamente los derechos humanos de nuestros presos.

Lo más triste es el tipo de respuestas que se han ensayado al señalar que la situación de los hermanos Peirano es similar a la de casi dos tercios de los presos uruguayos, justificando de ese modo la aberración existente. En vez de reconocerse que esta es una situación grave que no sólo afecta a los hermanos Peirano, se sugiere que en realidad no deben ser tratados excepcionalmente. Es decir que como la aberración es universal, está bien que todos la sufran por igual y, en tal sentido, se descalifica la pretensión esgrimida por estos presos tan particulares.

Para completar el panorama, nadie recordó que cuando en nuestro país se aprobó, a mediados del 2005, la denominada "ley de humanización de las cárceles", cuyo título hoy a dos años de su vigencia inevitablemente suena hipócrita, se estableció por esta norma la constitución de una nueva Comisión de Reforma del Proceso Penal que debía expedirse en un plazo que ya se ha vencido sobradamente, sin que se registren novedades al respecto.

En este país, la regla general es detectar los problemas y jamás resolverlos. Discutir los diagnósticos hasta el cansancio y mantener pendientes sus posibles soluciones; el problema por lo tanto regresa una y otra vez demostrando que nuestros reflejos de decisión son escasos o inexistentes.

Lo referido en este caso al proceso penal se podría extender a la misma reforma del Código Penal.

En efecto al respecto también existe una Comisión trabajando cuyos plazos legales ya se han vencido sobradamente. En estos aspectos, es decir con la tipificación de los delitos, también hace largos años que se escuchan múltiples voces que indican que nuestro actual Código Penal es copia fiel del elaborado por Rocco en la Italia fascista y que, por lo tanto, merece una profunda revisión.

Hace años, también que estas cosas se sostienen sin que se implementen las soluciones. Hay quienes ponen el "grito en el cielo" porque se aplican delitos que, o bien deberían ser actualizados o bien deberían ser eliminados. Ejemplos bien próximos de ello son los casos del delito de abuso de funciones o de vilipendio a símbolos de países extranjeros que han afectado a personas de diferentes características y posiciones políticas; o la ausencia de figuras delictivas severas para los ilícitos económicos o los casos de corrupción.

Sin embargo, seguimos empantanados en la preocupante actitud de quien dictamina lo que está bien o está mal sin preocuparse luego de corregir o cambiar lo que no funciona.

En definitiva esta circunstancia nos recuerda cuando el entonces Presidente Batlle, al inicio de su mandato, señaló con horror las inequidades de las retribuciones de los funcionarios públicos indicando las diferencias entre un portero del BROU y los sueldos de los maestros, pues bien transcurrió todo su mandato y la inequidad quedó tan solo en su horrorizado señalamiento.

Un país que tiene un sistema de toma de decisiones como el nuestro, en un mundo que funciona a otra velocidad, está condenado a ir quedando cada vez más atrás.