La educación: un panorama desolador

Sin embargo, el debate sobre la cuestión educativa tiene dos facetas.

Por un lado, la necesidad evidente de esa transformación que implica cambios en la estructura institucional, en los contenidos y formas de los aprendizajes, en los modelos de gestión de los centros educativos, en la formación docente, en la infraestructura de apoyo y en el aumento necesario de los tiempos pedagógicos. Es decir una reforma global y completa de nuestra educación.

Por otro lado está la cuestión presupuestal y, particularmente, los niveles salariales de nuestros maestros y profesores. Nadie discute que los salarios son insuficientes y que no guardan relación con la importancia esencial que los docentes tienen en cualquier proceso de transformación educativa. Es cierto que ha habido mejoras superiores a las que han recibido el conjunto de los asalariados del país, pero no menos cierto es que esas mejoras están lejos de cumplir con una verdadera transformación de sus niveles de remuneración.

Pues bien, resulta evidente desde hace años que si un gobierno quiere transformar la educación en serio, debe enfrentar a los sindicatos de la enseñanza y superar los bloqueos que estos presentan ante cualquier medida, incluso modesta, de transformación. Pero la estrategia de enfrentamiento a los sindicatos debe guardar particular cuidado con el respeto a las reglas de juego y manejarse dentro del marco normativo vigente.

Cuando el lunes el Poder Ejecutivo toma la medida de declarar la esencialidad en la educación comete dos errores muy graves. En primer lugar, un error jurídico en la medida que un análisis objetivo del marco normativo indica que no es posible aplicar la esencialidad a la educación porque la legislación vigente limita su alcance a asuntos relacionados con la seguridad y la salud de la población; ni una ni otra estaban en riesgo en el conflicto educativo.

En segundo lugar un error de contenidos, las medidas de lucha impulsadas por los gremios tenían como objeto la reivindicación salarial, es decir un asunto en el que la enorme mayoría de los uruguayos cree que existe una situación de injusticia.

Por cierto, los sindicatos de la enseñanza siempre recurren como primera medida al paro y a la suspensión de clases, lo que nos parece particularmente condenable. Siempre ponen de rehenes a los niños y jóvenes de este país, que son los que pagan los costos con la pérdida de días de clase y deterioro del nivel de aprendizajes.

No hay gradualidad en la definición de las medidas de conflicto, de entrada la más fuerte: suspender las clases, paro. Así ha sido desde hace años de años. Paro por las dudas, paro preventivo, paro antes de empezar a negociar, paro mientras se negocia, paro hasta para celebrar el resultado de alguna negociación. Vergonzoso.

Seguramente la sensación de hastío ante el abuso de los paros, habrá sido la motivación del gobierno para tomar la medida de declarar la esencialidad el lunes pasado y lo podemos comprender porque nosotros también estamos hartos.

Pero se equivocó. Porque tomó una medida que no tiene base jurídica pero además porque este gobierno no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta de cambio, por lo que la confrontación es estrictamente salarial y ese es el único tema en que los sindicatos docentes tienen a favor a la opinión pública.

Justamente, si el gobierno hubiera asumido una postura firme y enérgica de confrontación con los sindicatos de la enseñanza defendiendo un proyecto de transformación de la educación, entonces todo estaría a su favor. Pero lamentablemente desde que este gobierno asumió no ha presentado una sola idea de transformación educativa.

Un gobierno sin proyecto de cambio educativo, con un presupuesto magro que no le permite dar una respuesta satisfactoria a los reclamos salariales, que además levantó la bandera del 6% del PBI para la educación generando grandes expectativas y que luego dice que recién tenderá a cumplir con su promesa al final del período, tiene todas las de perder.

En los pocos días transcurridos los efectos son notorios. Los sindicatos de la enseñanza nunca habían tenido tanto apoyo de sus representados. En el partido de gobierno cada día son más las voces que se desmarcan de la decisión tomada. La conducción de la ANEP, que no fue informada de la decisión, se encuentra perpleja y sin reacción. Desde los partidos de oposición, salvo alguna voz aislada, obviamente no apoyamos una medida ilegal y desproporcionada. En síntesis, un fracaso total.

Pero lo peor no es eso. Lo peor es que el gobierno no tiene proyecto de transformación educativa y los que se oponen a cualquier transformación educativa son los que salen más fortalecidos de este episodio. Mientras tanto, como siempre, los que pierden son las nuevas generaciones porque todo indica que tendrán una educación cada vez de menor calidad.

Un panorama desolador.