El conflicto en Bolivia no podía ser más complejo. En su génesis se encuentran las contradicciones y miserias que hicieron de este continente el más injusto y violento del mundo, una zaga de discriminación, caciquismo, ineficiencia y superchería que en diferente grado, abatió a toda América Latina durante siglos.
La manera más simple de expresar el rechazo a la masacre de campesinos y la desestabilización institucional es acusar al gobierno de Estados Unidos. No porque su embajador sea enteramente inocente. En buena parte del continente, el representante de Washington ejerce una tutela política que se hace más evidente durante los procesos electorales. Las actividades del defenestrado embajador Goldenberg no hacían más que reproducir una tradición de dominación e injerencia. El problema es que sus interlocutores no eran grupos irregulares sino gobernadores departamentales, legitimados en el referéndum de agosto, al menos tanto como el presidente Evo Morales. Tenemos ya dos niveles de conflictos políticos: uno interno (autonomía vs. gobierno central) y otro externo, referido a cuánto tolera la nueva sensibilidad política boliviana, que le dio voz y derechos a la mayoritaria comunidad indígena, la intromisión de Estados Unidos en sus problemas domésticos.
Pero el conflicto no podría entenderse sin tomar en cuenta la realidad productiva del país: la mayor parte de la riqueza tiene su origen en el llano, de donde sale petróleo y gas (dos rubros estratégicos en una región con déficit energético) pero también productos agrícolas y ganaderos. Así, Tarija aporta el 80 por ciento del gas natural y sólo Santa Cruz es responsable del 30 por ciento del Producto Bruto Interno de Bolivia. La fragmentación social y económica se completa con la falta de infraestructura vial y de comunicación, lo que ha favorecido un desarrolló desigual de las diversas regiones.
La reforma constitucional promovida por el Movimiento al Socialismo de Evo Morales no hizo más que consolidar la división política. En marzo pasado, la Corte Electoral le recordó al presidente que el Congreso debía alcanzar el consenso para las reformas constitucionales y el Colegio de Abogados de Bolivia aconsejó la convocatoria a un pacto político y un nuevo proceso constituyente que permitiera alcanzar la paz social.
Pero además de político y económico, el conflicto tiene profundas raíces sociales. Para el relator especial de Naciones Unidas para los pueblos indígenas, el mexicano Rodolfo Stavenhagen, la crisis boliviana "muestra un nivel de racismo propio de una sociedad colonial". A las denuncias de grupos de mujeres aborígenes sobre actos de discriminación, se suma la observación hecha por Stavenhagen de que también "son frecuentes las expresiones de contenido racista anti-indígena en algunos medios de comunicación".
En este marco, el esfuerzo de los presidentes sudamericanos reunidos en Santiago de Chile sólo puede aportar una voz de apoyo a la institucionalidad democrática y un llamado al diálogo. Aportes necesarios pero insuficientes para resolver un conflicto complejo y ancestral, cuyos principales protagonistas no han hecho más que agravar.
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