La conducción de la educación

En efecto, la educación de nuestro país se ha convertido en el tema número uno del actual gobierno. Ya no hay espacio para excusas ni para complacencias, la cosa es muy grave. Todo el sistema político siente que la situación ha llegado a un extremo tal que es necesario tomar medidas importantes, profundas y urgentes para comenzar a revertir un proceso de deterioro extremo.

Esto es lo positivo de esta situación. Nosotros señalábamos durante la campaña electoral de 2009 que este era un tema urgente; incluso presentamos un "Plan de Urgencia para la Educación Media" con un conjunto de medidas concretas e imprescindibles. Señalamos que el país había invertido muy fuerte en estos últimos años, llegando a triplicar el gasto en este sector, y sin embargo las cosas andaban cada vez peor.

En ese momento, si bien el Frente Amplio incluyó este tema entre los cuatro asuntos en los que se deberían buscar consensos, su mirada sobre la educación fue menos preocupada, soslayando algunas de las aristas más impactantes.

La estrategia del Frente Amplio en el campo de la educación durante su primer período de gobierno consistió en (a) incrementar sustancialmente el gasto en este sector y (b) dar mayor participación a las corporaciones docentes en la conducción de la enseñanza.

En el primer sentido la decisión era correcta, aunque el destino de los recursos debió haber considerado en mayor medida la imperiosa necesidad de construir nuevos centros educativos. Pero la segunda línea de acción iba en sentido totalmente contrario a lo que era necesario hacer.

Los gremios de la enseñanza han sido, desde hace más de dos décadas, los principales opositores a cualquier cambio o reforma de la educación, recurriendo a una interpretación hipertrofiada de la autonomía y a la acusación de que todo cambio era resultado de una concepción "neoliberal" perniciosa.

Parece bastante evidente que ahora el partido de gobierno ha caído en la cuenta de que se debe asumir totalmente la responsabilidad de la conducción de la educación y que, para ello, es necesario tomar decisiones fuertes e inmediatas. La cuestión es que esta decisión, si se quiere lograr resultados positivos, va a requerir de una postura firme dispuesta a enfrentarse con los gremios, ubicándolos en el nivel de participación que deben tener y del que no deberían haber salido.

Las decisiones que hay que tomar en materia de educación no coinciden con la defensa particularista de los intereses de docentes y funcionarios. Sin embargo, los efectos de estas decisiones pueden afectar ciertas reivindicaciones sindicales pero, paradójicamente, si se asumen en profundidad van a redituar en una mejora sustancial de la calidad del trabajo docente y de la mejora de las condiciones de la enseñanza.

Los cuatro partidos firmamos un documento que contiene una larga serie de acuerdos y consensos sobre educación, es fundamental que se instrumenten dichos acuerdos y que la voz de los intereses particulares se escuche como se deben escuchar a todos, pero las decisiones se deben tomar en el ámbito político como corresponde a cualquier política pública.

Es la hora de la verdad para saber los alcances de los esfuerzos del gobierno, solo se trata de una reflexión preocupada o, por el contrario, el comienzo de una línea de acción firme y enérgica . Nosotros estamos para acompañar y apoyar una línea de acción que asuma en profundidad el reto de las transformaciones poniendo, como debe ser, al estudiante en el centro de las preocupaciones y de las políticas educativas.