La autonomía del Ministerio Público y Fiscal

Conviene comenzar recordando que el Ministerio Público y Fiscal es un instituto fundamental en la estructura de derechos y garantías para los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos en la instancia judicial nuestro espacio básico de ejercicio de nuestros derechos, reclamos, demandas y defensa ante las diversas circunstancias que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Ante los jueces hacemos valer nuestros derechos concretos, consagrados de manera general en las leyes, pero aplicados y protegidos a través del sistema judicial.

Es por ello que una de las señales esenciales del funcionamiento democrático es la total independencia del Poder Judicial para poder ejercer su competencia de administración de justicia dando garantías a todos y, principalmente, asegurando que el poder político y el gobierno de turno no tengan preeminencia o sometan la actuación judicial a su arbitrio e interés subjetivo. Tan es así que una de las primeras obsesiones de los gobiernos autoritarios, sean del signo ideológico que sean, es la eliminación de la independencia del Poder Judicial y el control de su funcionamiento.

Vale recordar al respecto, la creación del Ministerio de Justicia durante la dictadura, con el afán de poner a toda la administración de justicia en subordinación al poder del gobierno autoritario.

El Ministerio Público, las Fiscalías, son un componente sustancial en la ecuación judicial. Su accionar supone la representación del Estado, del interés general y, en definitiva, del mismo pueblo en los diferentes contenciosos que se verifican entre los particulares y el colectivo social. Los fiscales son parte en los procedimientos penales y, más allá de ello, su palabra es escuchada como parte del proceso en múltiples situaciones que hacen a la dilucidación de demandas y reclamos diversos.

En nuestro país, a mi juicio sin acierto, el Ministerio Público y Fiscal está incluido en el Ministerio de Educación y Cultura. De hecho la Fiscalía de Corte, el órgano jerárquico, es una unidad ejecutora del mencionado Ministerio. Sin embargo, por su naturaleza y competencias, no se trata de una unidad ejecutora más; por el contrario, su actuación requiere de fuertes garantías de autonomía que eviten que desde la jerarquía del Ministerio se asuma una influencia indebida. De hecho, la Fiscalía de Corte está protegida por su derecho a la autonomía técnica que el poder político no puede afectar, y su designación requiere de mayorías parlamentarias especiales, lo que confirma la singularidad de su figura jurídica y la importancia institucional de su funcionamiento autónomo.

Este ha sido, históricamente, un tema delicado y de compleja resolución. Depende en gran medida de la sensibilidad democrática del gobierno de turno que debe controlar su capacidad jerárquica dejando el espacio de la autonomía técnica al ejercicio de la función por parte de los Fiscales y del funcionamiento de toda la estructura correspondiente que abarca oficinas en todo el territorio nacional.

Pues bien, no ha sido positiva, en este sentido, la experiencia ocurrida durante este gobierno. En primer lugar porque ante la vacancia de la Fiscalía de Corte y en ausencia de las mayorías parlamentarias requeridas, el gobierno designó a una persona que carecía del apoyo parlamentario exigido por la Constitución. De esta forma, el actual gobierno sostuvo durante meses una situación violatoria de nuestro orden jurídico y notoriamente inconstitucional. Finalmente, luego de varios meses la situación se reparó con el acuerdo de todos los partidos.

Sin embargo, la designación del nuevo Fiscal de Corte, el Dr. Rafael Ubiría, que obtuvo consenso en el Parlamento, no estuvo acompañada de un cambio de actitud por parte de los jerarcas del Ministerio de Educación y Cultura. Ha sido público y notorio que los jerarcas ministeriales han obstruido el buen funcionamiento de las Fiscalías demorando y postergando la designación de los nuevos fiscales, afectando la capacidad de decisión del actual Fiscal de Corte y aprobando una normativa interna, por vía administrativa, que afecta severamente en los hechos, la esencial autonomía técnica de la actividad de los fiscales.

Esta actitud de parte del actual gobierno se ha hecho en forma subrepticia y con disimulo, pero ha sido permanente y constante buscando erosionar la autoridad de la jerarquía fiscal y afectando indirectamente su buen funcionamiento. Se trata de un asunto grave en el que urge un cambio que nos de garantías institucionales a todos los uruguayos.