Izquierda y Poder Judicial

Genéricamente la llamamos "Justicia", cuando en realidad corresponde utilizar el nombre institucional: Poder Judicial, y en particular a la Suprema Corte de Justicia. A esa relación nos vamos a referir.

La relación más genérica y filosófica con la justicia, corresponde a una visión mucho más de fondo y del propio concepto de lo justo, de su correlato histórico, de los elementos que deben incorporarse a esa definición y su relación con la identidad de la izquierda. Ese debate-elaboración está presente desde el momento mismo que nació la izquierda hace más de dos siglos y estará siempre presente y en actualización.

Hablamos del Poder Judicial como parte de la República y de un momento histórico y geográfico concreto: Uruguay hoy. No tengo elementos para hacer un aporte desde los aspectos institucionales más puros o desde la propia doctrina jurídica, que notoriamente puede tener perfectamente enfoques de izquierda y por lo tanto desde otras posiciones, como todas las disciplinas sociales. Voy a referirme a la política, estrictamente a la política.

Enfrentamos hoy el mayor momento de tensión entre el poder judicial y la izquierda en el Uruguay desde hace muchas décadas, si consideramos la democracia. El Poder Judicial durante la dictadura era un apéndice del régimen, obediente, obsecuente y comprometido. Es otro de los motivos por los que hay que hablar de régimen cívico militar. No todos actuaron de la misma manera, para muchos fue un atropello a sus convicciones, pero otros aceptaron y medraron en el régimen y se callaron o se adaptaron demasiado bien.

Me refiero a crisis en etapas democráticas, y es notoriamente la más grave tensión desde que la izquierda gobierna.

Se han acumulado tres elementos diferentes, aunque tienen contenidos diversos. La declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la ley de la impunidad (caducidad de la pretensión punitiva del Estado), traslado de la jueza Mariana Mota y la falta de explicaciones o de conocimiento por parte de las otras instituciones del Estado y de la ciudadanía de las causas de ese traslado y por último, y en otro plano la declaración de inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR).

Un dato no menor: hubo en los dos fallos de la Corte Suprema de Justicia opiniones divididas, en ambos casos 4 a 1. Y leyendo la fundamentación del fallo y de la opinión del ministro Ricardo C. Pérez Manrique, se muestra claramente que en materia de doctrina y de interpretación de los textos jurídicos, incluyendo la Constitución y las leyes, pueden existir y existen diversas posiciones. Más de una biblioteca.

Esta comprobación no puede volvernos escépticos sobre la ley y la Constitución y hacernos considerar que en función de esas famosas y tan masticadas "dos bibliotecas" todo está permitido y todo puede llevarse exclusivamente al terreno político. Sería un grave error jurídico y sobre todo político.

La Suprema Corte de Justicia, los fiscales, los jueces en todas las instancias tratan de aplicar - al menos hemos partido de esa base y creo que debemos seguir haciéndolo - las leyes y naturalmente en el marco constitucional. Es obvio que se trata de personas que hacen su trabajo, ocupan un fundamental espacio en las instituciones y lo hacen con sus condiciones humanas, profesionales, políticas y culturales. Nadie puede sacarse la piel, ni el cerebro, ni la independencia de los tres poderes y todas las declamaciones republicanas logran ese efecto, ni es nuestro objetivo.

Si la izquierda hace una bolsa con todo el tema de su relación con el poder judicial y no analiza situación por situación en el marco de su estrategia política y de su Proyecto Nacional, que debe incluir necesariamente los avances en materia legal en diversos planos, nos equivocaremos muy feo. No se resuelve la situación con reacciones emocionales y mucho menos sin analizar cada paso y sus consecuencias.

En el Uruguay cualquier fuerza política está sometida a diversas pruebas e interrogantes, la primera, la del bolsillo de toda la sociedad y de cada sector social y cada persona. Una prueba bastante implacable y primitiva, que en general nosotros en estos 8 años de gobierno no hemos logrado mejorar los parámetros culturales para analizarla. Lo que si resolvimos bien son los resultados obtenidos, son mejores a las más optimistas de las previsiones, aunque siempre quede mucho camino por delante.

Hay un segundo plano que es el de la democracia y la libertad. Una gran prueba para todos y en particular para la izquierda. Por la combinación de dos factores, la permanente ofensiva de la derecha en este terreno y nuestro pasado y sus vacilaciones. No alcanza con compararnos con el tormentoso pasado de la derecha para librarnos de nuestras debilidades en este terreno, es parte de los cambios que se produjeron en la izquierda sin que los asumamos plenamente y explícitamente. Pero cambiamos, mucho y en serio.

No como creen algunos, no nos hicimos liberales por ceder frente a la derecha o dejarnos llevar por el statu quo, sino porque aprendimos a valorar la democracia por nuestra propia experiencia, dramáticas experiencias y, porque sus valores de base forman parte de la identidad original de la izquierda. Libertad, igualdad y fraternidad. Y no hay libertad sin democracia, ni siquiera libertad de la necesidad.

No podemos retroceder, hay que recorrer los caminos institucionales y constitucionales y si queremos dar una batalla más a fondo debemos cambiar algunas leyes, pero no por reacción y no debemos equivocarnos en sus aspectos formales, y en especial constitucionales, porque a la larga o a la corta se transforman en un boomerang.

No hay fallo o decisión de ningún órgano del Estado que no deba ser conocido y fundamentado ante los ciudadanos y nada ni nadie nos puede impedir opinar y movilizarnos y protestar. Eso también es parte de la democracia que defendemos.

No olvidemos nunca que algunas de las grandes batallas cívicas y populares fueron precisamente contra o en protesta por decisiones del poder judicial en todas partes del mundo. La lista es interminable. El hecho de que estemos en el gobierno desde hace 8 años y tengamos estas tensiones con la SCJ es una demostración más de que hemos sido profundamente respetuosos de la división de poderes y de su independencia. Así que algunos opositores podrían callarse la boca que la democracia no perdería nada, ganaría en seriedad.

El tema de los derechos humanos violados salvajemente durante la dictadura no se ha cerrado en absoluto, quedan por delante batallas de todo tipo. Legales, políticas, sobre la verdad, sobre las responsabilidades materiales y también de las otras, cuando algunos pretenden distribuir por igual las culpas y los errores de las víctimas y de algunos victimarios, o sus cómplices civiles. Porque todo comenzó cuando paso a paso se fue degradando la democracia y se le fueron entregando posiciones y partes de la democracia a los militares y a las fuerzas represivas. Y eso comenzó mucho antes que febrero de 1973 y comenzó en el parlamento y en buena parte de la prensa y con el invalorable aporte de la derecha.

Nosotros, la izquierda, al menos sectores muy importantes, hicimos nuestra autocrítica, hablamos, escribimos y opinamos sobre esos temas, no porque lo pedía la derecha o algunos periodistas, sino por iniciativa y obligación autoimpuesta, otros siguen callados.

¿Alguien escuchó alguna autocrítica por la ley de seguridad del estado, por las medidas de pronta seguridad perpetuas, por el menoscabo de los poderes de la república en los años previos a la dictadura? Ni lo podrá ver, porque no lo consideran errores, ellos se consideran dueños de la democracia y de determinar sus límites.

La batalla democrática también se libra en el plano del derecho, de la legalidad, de los mejores instrumentos para el funcionamiento de la república, desde un nuevo código del proceso, hasta tantas leyes atrasadas y superadas que es necesario anular o cambiar. Como por ejemplo la penalización del aborto y muchos otros ejemplos.

No hipotequemos ese camino, largo, complejo pero profundo, por situaciones puntuales, por más graves que sean. Y aunque se nos estruje el corazón no demos argumentos que ayuden - más allá del propio fallo de la SCJ - a justificar la paralización de los juicios y los procesos contra los violadores de los derechos humanos. Ellos quieren mostrarlos como una venganza, nosotros debemos reafirmar que son verdad y justicia.