Inseguridad: basta de echar las culpas a otros

Lo cierto es que la inseguridad sigue siendo uno de los más graves problemas que tiene este país. El incremento de la organización y violencia del delito es notorio y cada vez más impactante. El Ministerio del Interior se ha aferrado al hecho de que las estadísticas muestran un mínimo descenso del número de rapiñas que ha intentado magnificar de una manera absurda. Sólo un delirante puede creer que el gobierno está ganando la batalla contra la delincuencia.

Existe mucho debate sobre las cifras que miden la evolución de la delincuencia en nuestro país. Hay quienes, con argumentos muy fuertes, discuten los datos oficiales y dicen que la evolución de los delitos esconde el hecho, cada vez más frecuente, de la ausencia de denuncias, es decir la zona oculta de delitos no registrados. Otros señalan que el Ministerio del Interior utiliza criterios de clasificación que trasladan algunos casos de rapiña a la columna de los hurtos. Y seguramente habrá más argumentos que descalifican o discuten las cifras.

Pero, dejemos de lado este debate y tomemos como buenas las cifras oficiales. El discurso victorioso del Ministro Bonomi anunciando que el año 2017 había registrado un nuevo descenso del número de rapiñas con respecto al año anterior, señalando que el objetivo anunciado de cerrar el período de gobierno con una reducción del 30% se podría alcanzar y explicando que la aplicación del famoso PADO estaba dando resultados y era la causa de tal tendencia, se hace añicos cuando uno observa la tendencia del último trimestre de 2017 y la sensación térmica del primer mes y medio de 2018.

En efecto, de acuerdo a las cifras oficiales publicadas por el Ministerio del Interior, la tendencia en el último trimestre 2017 es al aumento de los tres tipos delictivos que más afectan la seguridad pública.

Las rapiñas se incrementaron en el período octubre-diciembre del año pasado un 13% con respecto al mismo período de 2016, los hurtos aumentaron un 10% y los homicidios un 36% y ya habían aumentado un 6% en el tercer trimestre del año. Estos son los datos oficiales, sin tener en cuenta las observaciones que se han señalado a la eventual subestimación de las estadísticas oficiales. Sin palabras. Un retroceso en toda la línea, en todos los delitos, en todo el país.

Seguramente la situación es, incluso, peor de lo que estas cifras indican en el comienzo del año 2018, por cuanto el Ministro ha salido a justificar la nueva situación.

Efectivamente, el Ministro, experto en inventar explicaciones a conveniencia, salió a atribuir el aumento del delito a la puesta en vigencia del Código del Proceso Penal.

Es, por lo menos, ridícula la afirmación sustentada. Al señor ministro hay que pedirle, por lo menos, seriedad y fundamento en sus afirmaciones.

En primer lugar porque el deterioro de los datos sobre los delitos comienza, como acabamos de mostrar, antes de la puesta en vigencia del nuevo Código. En efecto, la reversión de la tendencia se aprecia ya en octubre del pasado año, cuando el Código todavía no se había aplicado y se agudiza en noviembre, cuando el Código recién se comienza a aplicar y mal puede tener impacto en las estadísticas delictivas.

Por otra parte, el Código se aplica a los delitos efectivamente cometidos, por lo que la afirmación de Bonomi carece de toda lógica, puesto que el número de los delitos cometidos en noviembre y diciembre no puede, de ninguna forma, estar vinculado a la aplicación de un procedimiento que se realiza luego de que estos fueron cometidos y un eventual impacto de este Código, si existiera, recién podrá tener efecto en los próximos meses de este año.

Por otra parte, el ministro se apoya en la disminución de presos y en la reducción del uso de la prisión preventiva. Sin embargo, para ser serio y no "tirar bolazos" debería demostrar que esos presuntos delincuentes que no están presos, son los que cometieron delitos nuevamente para que este hecho explique el cambio de tendencia.

Lo cierto es que el Ministerio del Interior está otra vez contra las cuerdas, porque se "gastó el gran cartucho" que había preparado, es decir el instrumento del PADO, y está constatando que, como era de esperar, este instrumento por sí solo no es suficiente para recuperar la seguridad.

Es más, los datos de reducción de los delitos de rapiña han sido tan tenues que "no mueven la aguja". Bajar de 21.135 rapiñas al año en 2015 a 19.418 en 2017, es decir mil quinientas rapiñas menos en dos años, no se siente para nada en la situación de inseguridad que la gente vive.

De estas cosas deberíamos estar discutiendo. Con seriedad, sin inventos, aceptando las cifras oficiales, pero sin "tirarle la culpa" a terceros. Cada vez que pasa algo, el Ministerio del Interior ha buscado trasladar la culpa a otros. A la sociedad, a las empresas por no tomar medidas de seguridad propias y, obscenamente, se ha responsabilizado hasta a las víctimas por resistirse a los delincuentes. Una vergüenza.

La estrategia del Ministerio del Interior ha sido tratar de eliminar el dinero o reducir las oportunidades de cometer delitos, pero no ha desarrollado una estrategia consistente para eliminar el delito.

El PADO es efectivo como estrategia de disuasión y de dispersión del delito, pero los delincuentes se mueven y ya no atacan sobre las zonas rojas, porque se mudan a otras zonas y, entonces, es como el "juego de la mosqueta".

El gran asunto de fondo es la presencia policial en los barrios a escala local, combatiendo el delito en su origen. Si la policía no recupera una presencia local a partir de una sólida red de comisarías en los diferentes barrios de este país, nada logrará revertir la grave tendencia al incremento de la delincuencia y de los niveles de violencia y organización de estos actos.

La estrategia del Ministerio del Interior ha sido la contraria. Ha desmontado las comisarías y se ha concentrado en acciones centralizadas, coordinadas desde cuatro zonas operativas en Montevideo y seleccionando los puntos rojos para concentrar su fuerza allí. El resultado es, a nuestro juicio, "pan para hoy, hambre para mañana".

Y ya estamos en el "hambre para mañana". El PADO dio lo que podía dar, y ahora el ministro debe dejar de tirar las culpas a los demás y asumir la responsabilidad política de su notorio fracaso.