Indolentes

El déficit fiscal y la falta de habilitación de Bomberos en el ámbito público son dos expresiones de lo mismo: la organización que los ciudadanos hemos creado para que nos sirva, se volvió hace mucho tiempo un monstruo autónomo, que no se dedica a gobernar sino a dominarnos y explotarnos. No solo se abusa de la facultad de administrar nuestro dinero (tiene el berretín de creer que puede sacar todo lo que necesita, independientemente de cualquier criterio de eficiencia o justicia) sino que se burla doblemente de nosotros cuando legisla lo que no va a cumplir ni va a exigir que otros cumplan y cuando establece privilegios según sea el grado de dependencia y de coacción sobre los gobernantes.

No es de ahora, pero nada indica que alguien vaya a solucionarlo en algún momento. Ni siquiera a corregirlo. Tanto da que se trate de la Intendencia de Montevideo, los ministerios de Economía y Salud Pública o las autoridades carcelarias. Los gobernantes nacionales y departamentales aprueban programas, seguros y presupuestos que sabe deficitarios, no nos garantizan niveles mínimos de seguridad, arruinan negocios inmobiliarios invocando cuestiones patrimoniales que sus subordinados desestimaron, aceptan situaciones antirreglamentarias de facto y cuando las cosas se complican, se encogen de hombros o le pasan el costo a los particulares.

Uruguay vive, indubitablemente, en democracia, pero si el Estado es ineficiente en controlar sus gastos, en desarrollar una política represiva y de rehabilitación de los delincuentes, en exigir a las residenciales de ancianos que cumplan con las disposiciones, en garantizar los derechos de los propietarios de inmuebles o el de los presos a no morir quemados o apuñalados, la legitimidad democrática termina enredada en un ejercicio despótico, o al menos indolente, de la autoridad. No es por dramatizar; es que vivimos en un drama, caracterizado por el avasallamiento creciente de la autoridad sobre la vida privada de los ciudadanos y su estruendosa ausencia, justamente allí donde el Estado tiene el deber de proceder.

Imponer la bancarización para los compradores de nafta (transfiriendo millones de dólares de ganancia a los bancos) para desplazar el delito de un lado a otro, es solo una muestra. Amenazar con apropiarse del dinero excedente de los pagos al Fonasa es otro, igualmente arbitrario. El drama es más pavoroso cuando la tolerancia ante la irregularidad se convierte en una tragedia evitable.

¿Es todo esto producto de la herencia maldita, de la coyuntura regional, del neoliberalismo o del mal tiempo? ¡Sandeces! La sociedad uruguaya necesita volver a tomarle respeto a la ley, el dinero, la libertad y la autoridad, ejercida con legitimidad y responsabilidad. Los que tienen que dar ese paso y practicar con el ejemplo son los administradores de los bienes y de garantizar los derechos públicos. Se enseña y se lidera con el ejemplo. Por ahora, esto no es más que un sueño, pero un día puede que los soñadores se junten y peguen el grito.