Incrédulos

Si es de no creer. El próximo 22 de junio se realizará una cumbre de líderes políticos para impulsar medidas en materia educativa. Según anunció el senador Jorge Larrañaga, el encuentro es llevado adelante por la Fundación Wilson Ferreira Aldunate y contará con la presencia de Pablo Mieres, Ope Pasquet, Danilo Astori y Ricardo Ehrlich. El convocante, señala la necesidad de "acordar y llevar adelante una política de Estado", lo que parece de toda sensatez. Salvo porque el país lleva seis años debatiendo sobre la educación, incluyendo miles de asambleas, un Congreso Nacional y una nueva ley, lo que no parece haber servido para nada.

El ex presidente Tabaré Vázquez comenzó su gestión en 2005 promoviendo la prometida "reforma educativa". El proceso iba a contar con la participación de todos los sectores, instituciones y personas que quisieran hacerlo, y en esa tarea se embarcó el gobierno durante la primera mitad del 2006. Las propuestas que surgieron de esas asambleas y encuentros fueron sistematizadas y sometidas a la consideración del Congreso Nacional de Educación, que sesionó a fines de ese año, y cuyas sugerencias se parecieron a los reclamos eternos de los gremios como dos gotas de agua.

En abril de 2007, la Comisión Organizadora del Debate Educativo presentó el informe final y puso a trabajar en la elaboración del proyecto al Ministerio de Educación y Cultura. En esos días de júbilo, el rector de la Universidad, Rodrigo Arocena, celebraba que la reforma llegara en tiempos de expansión económica y de "vocación social y política progresista" en todo América Latina, por lo que nadie perdonaría que Uruguay no aprovechara esa circunstancia histórica. La ideología y el buen criterio de los docentes, cuyo poder crecería considerablemente al acceder a los órganos de decisión, iban a sostener lo que la economía por si sola no lograría.

Nada podía fallar, salvo porque era tanto pero tanto lo que reclamaban los gremios (pretendían convertir aquellas sugerencias en normas preceptivas) y tan altas sus expectativas, que el proyecto que fue finalmente aprobado en el Parlamento en diciembre de 2008, ni siquiera contó con el voto unánime de la bancada oficialista.

En el tiempo transcurrido, lo único que vimos fue el aumento de la factura educativa que pagamos entre todos. Y el salario de los docentes. La mejora del sistema, pensado para ayudar a los más pobres a superar su condición y a todos los que necesiten la educación pública para desarrollar sus potencialidades productivas, brilla por su ausencia.

Seis años después de lanzado el debate sobre la "reforma educativa", tenemos la repetición en Primaria estancada, las obras más urgentes en las escuelas demoradas por los eternos problemas de gestión, los liceos con una exigencia (y por lo tanto, un nivel de aprendizaje) cada vez menor, y una Universidad pública que no parece estar a la altura de las circunstancias, a pesar de llevar medio siglo de gobiernos autonómicos y progresistas. Eso sí, tendremos una cumbre de líderes políticos para ver qué se puede hacer ante tanto desmanejo. Si es de no creer.