Contenido creado por Seguridad_Administrador
Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Inclusión financiera: cambios imprescindibles y urgentes

"El valor de los aranceles que cobran los emisores de tarjetas de crédito y débito a los comerciantes por su uso es uno de los asuntos más graves".

24.09.2017 17:30

Lectura: 4'

2017-09-24T17:30:00-03:00
Compartir en

Desde que se aprobó la llamada Ley de Inclusión Financiera, que nosotros no acompañamos, tuvimos claro que habría impactos y efectos críticos sobre las relaciones comerciales y la vida de los ciudadanos.

En tal sentido, hace un año y medio presentamos un proyecto de ley para eliminar la obligatoriedad del pago de salarios, jubilaciones y beneficios sociales por vía bancaria a los habitantes de los pueblos pequeños en los que no había ningún servicio financiero disponible. Esta iniciativa se convirtió en ley puesto que el gobierno reconoció el problema. Desde fines del año pasado las personas que viven en pueblos de menos de dos mil habitantes pueden cobrar sus haberes en efectivo.

Sin embargo, los problemas de aplicación de esta ley no son sólo esos. Existen un conjunto de dificultades, particularmente que afectan a los comerciantes y, sobre todo, a los pequeños comerciantes que es de justicia corregir.

El valor de los aranceles que cobran los emisores de tarjetas de crédito y débito a los comerciantes por su uso es uno de los asuntos más graves. Por un lado, se promueve el uso de las tarjetas, pero por otro lado se trasladan los costos a los comerciantes que deben absorber a costa de sus estrechas ganancias, el uso de las tarjetas. Esta es una de las nuevas modificaciones que se deben incorporar, reducir sustancialmente el valor de los aranceles tanto en crédito como en débito.

Otra modificación imprescindible es la reducción al mínimo de la dispersión del valor del arancel entre los diferentes comerciantes. En efecto, el valor del arancel no es homogéneo y varía según el tamaño del comercio en sentido inverso; cuánto más pequeño es el comerciante más alto es el arancel, generando una afectación injusta y perversa.

La tercera modificación imprescindible tiene que ver con la celeridad con que se acredita una venta realizada por tarjeta de débito. El comerciante debe recibir el crédito de la venta realizada en forma inmediata, sin embargo hoy en día esta puede demorar hasta un par de días, siendo que al comprador se le debita el monto de la compra en forma instantánea.

Otro elemento que afecta la operativa del comerciante porque representa otro costo adicional de la implementación de la inclusión financiera es el arrendamiento y costo de uso de los llamados "pos", es decir los aparatos que registran las operaciones con tarjeta "on line". Este costo debe ser subsidiado por el Estado de manera sustantiva o generar otros mecanismos de absorción de dicha novedad tecnológica que no represente un costo adicional para el comerciante.

Tampoco es entendible que mientras el gobierno promueve la inclusión financiera y el desarrollo de los servicios financieros, el banco del Estado, el BROU, reduzca sus servicios, cierre o limite el funcionamiento de varias sucursales y no ofrezca en el interior del país una opción acorde con el objetivo del propio gobierno.

Otro aspecto problemático de la aplicación de la inclusión financiera es la incorporación de limitaciones al uso del efectivo. En tal sentido, la posibilidad de eliminar la obligatoriedad del pago a través de cuentas bancarias de las jubilaciones y beneficios sociales es un camino importante.

Del mismo modo, se debe incluir la posibilidad de que los trabajadores dependientes puedan retirar en el mismo momento que se les acredita su remuneración, el total de lo percibido de una sola vez y sin costo. De esta forma el trabajador que quiere manejarse con efectivo para pagar sus cuentas o hacer sus compras, pueda hacerlo sin ninguna limitación.

En definitiva, un conjunto sustancial de cambios que buscan reequilibrar las relaciones comerciales con un sentido de justicia y libertad.

Es por ello que hemos emprendido el camino del diálogo con el gobierno para alcanzar estos resultados ahora. Algunos de ellos serán objeto de cambios legislativos, otros serán compromisos de modificaciones administrativas y otros deberán incluirse en acuerdos de partes entre comerciantes y emisores de tarjetas con la garantía del gobierno y del sistema político.

Este camino permitirá solucionar los graves e injustos problemas generados por la aplicación de esta ley, sin esperar a un largo proceso de recolección de firmas que recién podría resolver algunos, y sólo algunos de estos problemas, dentro de dos años y medio.

Nuestra apuesta consiste en alcanzar respuestas lo antes posible y con garantía de éxito. En eso estamos y somos optimistas.