Iguales

Las opiniones vertidas por dos diputados refutando los puntos de vista de la jerarquía católica uruguaya sobre el proyecto de matrimonio igualitario parecen convalidar la apreciación realizada por los obispos Sanguinetti, Galimberti y Cotugno con relación a la pobreza argumental en los debates públicos, aunque de una forma paradójica.

A los dichos de los prelados sobre el “duro golpe” que significaría la ley para la institución matrimonial, le siguieron declaraciones del diputado oficialista Aníbal Pereyra y del colorado Fernando Amado. En ambos casos, no hubo réplicas argumentales sino expresiones falaces y maliciosas. Ambos eligieron reprocharles a los obispos su presunto desconocimiento de la realidad, enrostrándoles además las denuncias de pederastia que pesan sobre algunos sacerdotes en diversos países y la complicidad de las jerarquías católicas en violaciones a los derechos humanos.

Aunque tales hechos fueran ciertos, nada tienen que ver con el tema de fondo y su inclusión en el debate sólo agrega agravios y malestar. Por lo visto, los obispos tenían razón, aunque no del todo. Al magnificar y simplificar los posibles efectos de la ley de matrimonio igualitario sobre la sociedad uruguaya, los prelados terminaron haciendo lo mismo que criticaban a sus oponentes.

Por lo pronto, no queda claro cómo es posible que una institución como el matrimonio heterosexual (aceptada bajo diversas formas contractuales al menos por el 90 por ciento de la población del país) puede verse amenazada por la aprobación de una ley que busca equiparar en derechos a una parte del 10 por ciento restante que eventualmente desee casarse. Si alcanzara con cambiar una palabra del Código Civil para hacer tambalear el matrimonio homosexual, el problema no sería del texto sino de quienes creen en valores tan frágiles.
Por otra parte, el énfasis que pone Cotugno en la capacidad procreadora de la pareja como asunto excluyente del matrimonio, es un argumento reduccionista, que no contempla las múltiples facetas afectivas, psicológicas y aún sexuales de la vida entre cónyuges.

¿Por qué tanto revuelo si la ley no obligará a nadie a hacer lo que no quiere?

Porque estamos ante un tema pastoral, interno de la Iglesia Católica, que se quiere colar en el debate público como si fuera de incumbencia ecuménica.

Si la conformación de familias basadas en parejas del mismo sexo vulnera la ley de Dios y debe ser evitada por los feligreses, es un asunto que debe plantearse en púlpitos y parroquias. En una sociedad laica de esta época, las conductas inmorales o censurables tienen que ver con la falta de respeto por los derechos del prójimo, la falta de compromiso en la educación y manutención de la prole, la violencia física o emocional, la indiferencia ante el sufrimiento humano, pero nada tienen que ver con las preferencias sexuales. Con el tiempo, algunas de estas conductas se han convertido en delito y otras son motivo de consideración en países de legislación avanzada, como la equiparación legal de las parejas homosexuales. De eso se trata.