Hemiplejia represiva

La campaña de recolección de firmas para rebajar la edad de responsabilidad penal adulta de 18 a 16 años ha dado un nuevo paso al confirmarse un acuerdo entre el Partido Colorado y el Herrerismo.

Se ha anunciado también la formación de un Comité de ciudadanos para impulsar esta iniciativa y se dice que han logrado un buen número de firmas en estas semanas de campaña.

Es obvio señalar que existe un clima de miedo y enojo en buena parte de la ciudadanía con respecto a la grave situación de seguridad pública que nos afecta a todos como sociedad. En esas circunstancias resulta fácil aprovechar ese estado de ánimo para obtener el respaldo para esta iniciativa que, no lo duden, poco o nada tiene que ver con las posibilidades de mejorar la seguridad pública en nuestro país.

Pero lo que más sorprende es que los impulsores de esta iniciativa fundamentan su planteo en afirmar que los menores entre 16 y 18 años tienen la madurez suficiente como para valorar la consecuencia de sus actos. Reivindican que a esta edad ya poseen el raciocinio de un adulto y, por lo tanto, deben ser penados y sancionados de acuerdo a la legislación prevista para los mayores de edad.

¡Qué curioso, no! La campaña de firmas busca consagrar en la Constitución, darle rango constitucional a este cambio de estatuto de los menores, pero solamente en lo que tiene que ver con esta responsabilidad. Para los impulsores de esta campaña lo único que importa es aumentar la represión sobre los jóvenes.
Es muy sintomático que el texto propuesto solo refiera a este aspecto y haya omitido expresamente, porque algunos dirigentes colorados reclamaron sin éxito, que si una persona es madura y adulta para entender las consecuencias de sus actos, debería ser necesario que se le reconozcan sus consiguientes derechos.

Pues, nada de eso está incluido en la propuesta. Los menores de 16 a 18 años seguirán careciendo del derecho a votar, a manejar autos, a ver películas para adultos, a casarse por su propia voluntad. A los impulsores de esta propuesta poco les importa la obvia incongruencia en el tratamiento de los menores. Lo único que importa es aprovechar, en forma oportunista, el miedo y el enojo de mucha gente.

Son adultos para que se les apliquen los castigos, siguen siendo menores para sus derechos. Brutal constatación de un notorio ensañamiento con jóvenes y adolescentes de este país.

Porque los impulsores de esta iniciativa ni siquiera han reparado en el hecho de que esta norma se aplicará a todos los menores de 16 y 17 años, sean o no delincuentes. Más bien están jugando con la idea que está en el imaginario de muchos uruguayos de que se está sancionando a los menores delincuentes y, por eso, no se preocupan en considerar la brutal injusticia que están consagrando.

¿Para qué? Si parecería que para los impulsores de esta iniciativa, los menores que delinquen no deben tener los correlativos derechos. Solo así se explica que la propuesta no haya tomado en cuenta que si un menor es maduro para ser castigado, también debería ser considerado maduro para ejercer sus derechos.
Cabe incluso preguntarse si esta iniciativa, así formulada, no es inconstitucional porque consagra en el texto un insostenible desequilibrio entre deberes y derechos de este conjunto de ciudadanos. No existe en nuestro ordenamiento jurídico otro ejemplo de categorías de ciudadanos que sólo son considerados responsables para las sanciones y no para el ejercicio de sus correlativos derechos.

¿No se viola el artículo 8º de la Constitución que consagra el derecho de igualdad, no se está atropellando el derecho de todo ciudadano a recibir un trato equitativo entre sus deberes y derechos? Nada de esto se tuvo en cuenta en el afán de aprovechar un estado de opinión de la ciudadanía.