Hay que parar la joda

Los problemas de inseguridad multiplicados, la escalada de homicidios y demás delitos, la violencia instalada en diferentes barrios y zonas de Montevideo, las agresiones a maestros, el deterioro de la convivencia social, el sentimiento de vulnerabilidad de los ciudadanos, el miedo, el reclamo de "mano dura". Todo indica que es necesario un cambio contundente y que las cosas se están saliendo de cauce.

Hay que recuperar la autoridad. Se ha perdido el sentimiento de control social que es un componente ineludible de la vida en sociedad. Se ha instalado el "vale todo", la lógica del "cambalache discepoliano" se ha expandido en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad. Los que actúan al margen de las reglas de juego sienten, cada día más, que pueden "hacer lo que quieren".

La estrategia del Ministerio del Interior ha sido incompleta y equivocada. Se trabajó acertadamente en la profesionalización policial, lo hemos dicho en otras oportunidades, se aumentaron los salarios, se incorporó tecnología y se mejoró sustancialmente el armamento policial. Hasta allí, todo bien, pero no alcanza ni es suficiente.

La estrategia de combate al delito ha estado orientada por la idea de concentrar recursos y capacidad represiva en ciertas acciones especiales focalizadas en las "zonas rojas". La estrategia del PADO consiste en atacar en aquellos lugares de mayor concentración delictiva, sin embargo esta estrategia logra dispersar, pero no erradicar el delito. En efecto, lo que produce es una migración delictiva hacia zonas y lugares donde no existe esa misma concentración de fuerzas policiales.

Se ha despreciado la importancia de las comisarías y de la presencia policial en los barrios, apostando a la centralización de la acción policial. Esta deserción del accionar local de la policía se está pagando muy caro, porque permite el despliegue de la organización delictiva que, por otra parte, también se ha profesionalizado y aumentado sustancialmente el armamento en cantidad y en poder de fuego.

La responsabilidad de las autoridades del Ministerio del Interior en el debilitamiento de las unidades policiales barriales es inocultable. Grave error que se está pagando caro, cuando además, emergen las limitaciones del accionar del PADO, el instrumento "estrella" de la conducción ministerial.

Además, el PADO ha estado acompañado de una estrategia de repliegue de los riesgos de delito. Si se rapiñan estaciones de servicio se quita el efectivo de las estaciones de servicio, si se explotan cajeros se reduce el número de cajeros, si se rapiña a los ciudadanos de a pie se les dice que no deben andar con efectivo. Es decir, se reduce el "territorio seguro" en una estrategia que, en los hechos, asume o tolera que el territorio delictivo se expanda.

Al mismo tiempo, como se señala desde algunas voces del Ministerio del Interior, el accionar de integración social de las políticas públicas es un fracaso. La educación es un evidente y gravísimo fracaso en su capacidad de integrar socialmente a los excluidos, por ejemplo la propia lógica de elección de horas en Secundaria tiene un efecto indudablemente excluyente y la deserción escolar posee un perfil netamente desigual.

Por otra parte, las políticas sociales del MIDES no tienen potencia y su alcance es, a todas luces, limitado, fragmentario y fuertemente ineficiente.

Pero, además, desde principales actores del partido de gobierno se han enviado mensajes que propician y hasta promueven el "cambalache". Hay un relajamiento indudable de las normas éticas en el ejercicio de la política, despilfarro, amiguismo y acomodos que requieren de señales fuertes de reivindicación de la transparencia y el control de la gestión pública.

También es necesario, imprescindible, mandar señales de ejercicio de la autoridad y de reivindicación de los límites en las diferentes esferas de la vida social. En la exigencia del cumplimiento de los horarios, de los plazos para resolver los asuntos, en el control de las trampas de las certificaciones médicas laborales, en la exigencia del respeto en la escuela a la autoridad docente, en fin, en la recuperación general del valor de las reglas de juego.

Esto es un trabajo que debe realizarse en todos los campos de la vida social. En la educación, en la familia, en el trabajo, en la represión de las corruptelas que ocurren a lo largo y ancho de nuestra vida social.

Tiene que haber señales fuertes de que "se terminó la joda" tanto en el plano de la gestión pública como en el conjunto de la cotidianeidad de la vida social.

Esto implica, también, no festejar ni celebrar a los que desde cargos de poder promueven el cambalache con la relativización de los valores de convivencia social.