Hambre, indigencia, pobreza: lo que realmente importa

Todo empezó con la noticia de que alrededor de cincuenta de los trescientos estudiantes del liceo de Parque del Plata padecían hambre y que algunos docentes de ese centro de estudios se encargaban de cubrir las necesidades llevándoles alimentos, a su costo, diariamente.

La situación causó lógica alarma porque fue un indicio de que ocurrían cosas que no estaban en la evaluación pública de las autoridades del gobierno.

La alarma se hizo definitivamente grave cuando hace una semana se publicó la primera Encuesta Nacional de Salud, Nutrición y Desarrollo Infantil. De acuerdo a los datos relevados por dicha encuesta, el 4,3 % de los niños de 0 a 3 años padecen una situación de inseguridad alimentaria severa.

Las dos noticias sumadas nos ponían como sociedad ante un hecho que, de diferentes formas, parecía haberse superado.

Aquí está justamente el problema, la autopercepción complaciente que había ganado al imaginario de nuestra sociedad que, en términos generales, nos decía que habíamos superado estas terribles situaciones sociales.

En efecto, esa mirada autocomplaciente y, en cierto modo, triunfalista, es la que se reflejó en la primera reacción de la ministra de Desarrollo Social cuando negó la existencia de niños con hambre porque de ser así "estarían en una situación de omisión grave".

Pues bien, ¿por qué resulta imposible que estén en una situación de omisión grave?, ¿Por qué el reflejo inmediato fue negar los datos de la mencionada encuesta? Porque en los últimos años se había instalado la idea, promovida por el discurso oficial, de que las situaciones de pobreza extrema se habían erradicado completamente.

El fundamento de esta afirmación se sustentaba en un único indicador que es la línea de indigencia. Justamente, se califican como indigentes a todas aquellas personas que viven en hogares cuyos ingresos per cápita son menores al valor de una canasta básica alimentaria. Es decir que son indigentes los que reciben ingresos mensuales por debajo de lo que sale cubrir las necesidades de alimentación.

La última medición realizada a fines del año pasado por el INE señalaba que sólo el 0,3 % de las personas se encontraban en esa situación en nuestro país. De allí a concluir que, entonces, el hambre estaba prácticamente erradicada en nuestra sociedad solo mediaba un paso. Y de hecho, esa era la idea que tenía a todos adormecidos sobre los logros alcanzados.

Por supuesto que es muy valioso que de 2004 a la fecha las cifras de indigencia se hayan reducido del 4 % al 0,3 % y que la población en situación de pobreza esté por primera vez por debajo del 10 %; pero decir que una persona posee ingresos equivalentes, al menos, a una canasta básica de alimentos, no significa que esta persona cubra efectivamente sus necesidades de alimentación, por varias razones.

En primer lugar porque las necesidades alimentarias se cubrirían solo si se aplican todos los ingresos a la alimentación, pero eso no es así porque la gente también se viste, se transporta, se abriga, consume otros bienes y servicios indispensables para la vida, por lo que la posibilidad de cubrir todas las necesidades de alimentación se reduce sustancialmente con tales niveles de ingresos.

Pero, además, porque los ingresos en un hogar no se distribuyen de manera equitativa entre todos sus integrantes, ni las personas que viven en un hogar poseen los mismos criterios de prioridad sobre lo que se debe o no se debe comprar con el poco dinero disponible. Por tanto, es altamente posible que, en muchos hogares con ingresos superiores al valor de una canasta básica alimentaria per cápita, no se cubran las necesidades alimentarias de sus miembros.

Podríamos seguir señalando argumentos que confirman los datos más aciagos con respecto a la situación alimentaria de muchos niños uruguayos, sin embargo, lo que realmente importa es que la situación es así y en nuestro país hay gente que, aún hoy después de una década de bonanza incomparable, pasa hambre.

Esto es un fuerte llamado de atención sobre el diseño y seguimiento de las políticas sociales y sobre el destino final de los recursos o subsidios que el Estado otorga a través de sus distintos programas. Muestra lo difícil y complejo que es alcanzar resultados óptimos en la zona más débil de los débiles de una sociedad.

Reivindica la importancia de un diseño de programas con firme y cercano seguimiento de las familias que son objeto de auxilio; reclama la necesidad de trabajar fuertemente sobre las pautas y criterios culturales de las personas que reciben ayudas del Estado y ratifica nuestra prédica permanente de hacer efectivas las necesarias contraprestaciones, no para castigar sino para generar un cambio de conductas que asegure un proceso de integración social.

Este debería ser el sentido del debate a partir de los terribles datos que se hicieron públicos y no una inconducente polémica sobre la magnitud o, peor aún, sobre la negación de los datos.