Guardia baja

En los últimos días volvió a expresarse en toda su dimensión la dramática realidad del sistema carcelario y el fracaso de las políticas emprendidas para solucionarla. Digámoslo sin vueltas: el Estado uruguayo es responsable de amontonar a miles de presos en condiciones infrahumanas. Por supuesto que quienes saben mover sus influencias o tienen dinero para comprarlas, la pasan un poco mejor. Drogas, armas, amenazas, agresiones y ejecuciones, revelan la compleja trama que vincula, más que enfrenta, a presidiarios y policías. Lo peor es la resignación con que los uruguayos miramos el problema. En un país donde la situación estuviera bajo control, cualquiera de estas irregularidades se pagaría con el cargo de algún jerarca. Claro que nada de esto es nuevo pero tiende a empeorar. No sólo por las condiciones de vida de los reclusos sino por las señales que envían las autoridades.

Recordemos que durante el primer año del gobierno, el ex ministro del Interior, José Díaz, promovió una "Ley de humanización y descongestionamiento del sistema carcelario", que pretendía reducir el problema otorgando la libertad anticipada a unos ochocientos reclusos. En la exposición de motivos de la ley, sus promotores rechazaban que la ampliación de los establecimientos penitenciarios fuera el camino adecuado para mejorar las condiciones de reclusión, porque se orientaba a "las consecuencias y no al origen" del problema. Por cierto que la construcción de nuevas celdas no solucionaba el problema de fondo y de hecho, nadie hizo semejante afirmación. Sin embargo, hubiera ayudado a mejorar la condición de los reclusos, principal objetivo de la ley.

La Carta Magna no encomienda al Ministerio del Interior solucionar los problemas sociales o antropológicos que pudieran estar detrás del aumento de la delincuencia. Según la normativa vigente, lo que se le debe exigir es que haga "cumplir la Constitución y las leyes", y que conserve "el orden y la tranquilidad" de los ciudadanos. Más específicamente, la ley orgánica policial se refiere al "mantenimiento del orden público y la prevención de los delitos" así como la protección de los individuos y la obtención de "las garantías necesarias para el libre ejercicio de sus derechos y la guarda de sus intereses". Como se ve, la misión es bastante menos ambiciosa y se refiere, precisamente, a hacerse cargo de sus consecuencias.

Aquella ley fue un rotundo fracaso y el resultado está a la vista. Si de verdad se piensa todavía en la seguridad ciudadana y en la dignidad humana de los reclusos, se debería afrontar los costos materiales y políticos de construir cárceles. De paso, debería evitarse que la sociedad vea cómo los reclusos que sobornan guardias, consiguen armas y chantajean a dos representantes del Parlamento, obtienen mejores condiciones de reclusión que sus colegas.