Grave ataque a la Suprema Corte de Justicia

El partido de gobierno impulsó a fines de 2011 una ley que en forma evidentemente inconstitucional, anulaba la Ley de Caducidad y declaraba la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en violación de los derechos humanos durante la dictadura.

Como era obvio, la Suprema Corte de Justicia declaró su inconstitucionalidad aplicando con claridad los principios generales del derecho y las normas vigentes en nuestro ordenamiento jurídico. Se suscitó un escándalo público por parte de aquellos sectores integrantes del partido de gobierno que creen que porque piensan que tienen razón entonces pueden hacer lo que quieran. Hubo voces reclamando nada menos que el juicio político a la Suprema Corte de Justicia, aunque razonablemente ese desvarío fue rápidamente frenado por parte de las autoridades de gobierno.

Sin embargo, desde entonces a la fecha los impulsores de la iniciativa han buscado, por todos los medios, avasallar a la Suprema Corte y dejar sin efecto un fallo que era, a todas luces, ajustado a derecho, porque en el afán de cumplir con el objetivo de castigar a los culpables, no existen límites.

Como dentro de la estructura jurisdiccional nacional la Suprema Corte de Justicia tiene la última palabra, se buscó el apoyo de instancias internacionales que han atropellado, de manera inaceptable, nuestro orden jurídico interno reclamando un poder supranacional omnímodo y, para colmo, retroactivo con respecto al momento en el que nuestro país aceptó la jurisdicción internacional.

Buena parte de estas personas creen que por su posición burocrática internacional poseen derechos superiores a las más altas autoridades de nuestro Poder Judicial.

Creen que su autoridad está por encima de principios y garantías básicas que se han construido desde hace siglos en nuestras sociedades civilizadas para evitar, justamente, la arbitrariedad. Estamos hablando nada más y nada menos que del principio de no retroactividad de las normas y de que debe existir la norma penal en el momento en que se comete el hecho que se pretende sancionar.

Sería bueno saber si los que aquí apoyan en forma radical estas pretensiones abusivas, tienen el mismo entusiasmo cuando se cuestiona el accionar de otros gobiernos de la región, como por ejemplo el régimen chavista venezolano que acaba de declarar su censura a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sería bueno saber por qué esta Cancillería que exige a la Suprema Corte un fallo de acuerdo a su gusto en nombre de un supuesto respeto al derecho internacional, por otra parte decide dar su apoyo como Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a una figura que en su país ha defendido a un gobierno que avasalló la libertad de expresión.

Por otra parte, dentro del país, en el afán enceguecido de lograr su objetivo, un grupo de fiscales ha recusado a los Ministros de la Suprema Corte fundando este insólito reclamo en el hecho de que ya habían fallado en un caso previo en el mismo sentido. Nunca se había visto una situación así; en muchos casos la Suprema Corte de Justicia falla frente a un caso y, luego, cuando se presentan otras acciones similares, simplemente reitera su opinión extendiendo el fallo a los demás casos iguales en la medida que no ha variado su integración y se entiende que los mismos jueces mantendrán igual criterio ante similares circunstancias. Hasta ahora a nadie se le había ocurrido confundir esta práctica obvia con un "prejuzgamiento".

Se ha atacado de manera increíble al Presidente de la Suprema Corte por haber explicado públicamente cómo procede el organismo en la generalidad de los casos y se le ha exigido que se aparte. Tampoco entendemos por qué el Sr. Ministro ha decidido ceder ante estas presiones apartándose de los casos referidos a esta temática.

Pero, sobre todo sería bueno saber por qué un señor Fiscal sale en los medios exigiendo a los Ministros de la Suprema Corte que "reconozcan su error" y cambien su posición jurídica en las sentencias, en un ejercicio de presión política que no tiene antecedentes en nuestra historia judicial.

Hay que parar la mano. Hay que reivindicar la independencia del Poder Judicial y la soberanía de nuestro Estado a la hora de juzgar los delitos cometidos en nuestro territorio. La tarea de integrar el derecho internacional y los mandatos que surgen de los tratados y convenciones internacionales que firmamos en nuestro derecho interno no consiste, lisa y llanamente, en colocar dicha normativa internacional y sus órganos jurisdiccionales por encima de nuestro derecho interno.

En particular porque nuestra Constitución no otorga a estos instrumentos jurídicos un rango normativo superior a nuestra legislación interna.

Si se quiere actuar de acuerdo a derecho se debe, primero reformar la Constitución y aun así, dicha reforma carecerá de efecto retroactivo.

Algunos dirán entonces que estamos en un curso cerrado que impedirá castigar a varios de los culpables de delitos de lesa humanidad. Pues sí, lamentablemente es así porque el derecho no es un "chicle" que permite cualquier cosa, el derecho tiene sus reglas y sus límites que deben ser preservados para evitar lesionar el Estado de Derecho que es la garantía para todos los ciudadanos.

En todo caso, alguien tendrá que explicar algún día por qué este mismo Frente Amplio que hoy se rasga las vestiduras buscando el castigo a los culpables, aceptó en 2003 en su Congreso Nacional comprometerse a no derogar la Ley de Caducidad si ganaba las elecciones de 2004. Al parecer en aquel momento llegar al poder bien valía sacrificar el objetivo de la justicia. ¿O todo el mundo se ha olvidado de aquella decisión?