Gente sensible

La sugerencia de un par de diputados oficialistas de postergar la entrada en vigencia de la reforma de la Salud para evitar consecuencias políticas no deseadas es un buen comienzo. Si bien aún no fue planteado oficialmente, existe temor al efecto que pueda tener en el ánimo de los contribuyentes la combinación del IRPF y el descuento de 6 por ciento para la salud.

Otro problema que emergió a raíz de estas consideraciones políticas de la reforma de la salud es que el 50 por ciento de los futuros contribuyentes no tienen hijos a cargo, por lo que estarán pagando por un beneficio del que no gozarán. De no corregirse, la medida desnudará el trasfondo confiscatorio de la reforma, aunque algunas voces, como la del senador de Asamblea Uruguay Alberto Cid, prometen otorgar compensaciones, como la atención sanitaria al cónyuge o a progenitores ancianos. Podrá preguntarse qué sentido tiene devolver un servicio que nadie pidió como compensación por una exención que no corresponde. La respuesta es descorazonadora pero gráfica: si no se cobra el 6 por ciento a cada uno de los uruguayos que viven bajo este cielo, la reforma no es económicamente viable. Así cualquiera.

Para la mayoría de los uruguayos, la atención sanitaria está revestida de un halo de excepcionalidad casi esotérica y jamás explicado. Es considerada un derecho del ciudadano aunque la Constitución diga lo contrario: para la Carta Magna es una obligación de cada ciudadano procurarse atención médica, a excepción de aquellos que por carecer de recursos, serán asistidos por el Estado. Cuando se pregunta por qué los usuarios no tienen plena libertad de cambiar de proveedor, como ocurre con los demás bienes y servicios, se argumenta que éste requiere previsibilidad por el alto costo del equipamiento y la infraestructura hospitalaria. Sin embargo, cuando se analiza la paramétrica que utiliza el Ministerio de Salud Pública para ajustar las tarifas se ve que sólo una ínfima parte es asignada a esos rubros.

Los defensores de la concepción esotérica de la salud suelen abroquelarse en argumentos presuntamente humanitarios: nadie debería estar privado de la asistencia médica, dicen, cualquiera sea su ingreso. El espíritu que los alienta es compartible, pero idénticas urgencias podrían plantearse en el acceso a la alimentación, el abrigo o la vivienda. ¿Por qué no establecer también en estas áreas un descuento compulsivo sobre los ingresos? ¿Por qué no crear un organismo estatal que administre y tarife, burocráticamente, semejante botín? La respuesta es bastante sencilla: porque colapsarían y el experimento terminaría, una vez más, en el desabastecimiento, la ineficiencia y la corrupción.

De momento, algunos legisladores oficialistas sólo se preguntan cómo repartir solidaridad con dinero ajeno sin que los confiscados se aviven, pero algo es algo.