Gatos muertos

Las iniciativas del presidente Mujica para sacar de la cárcel a los violadores a los derechos humanos y privar de la libertad a los adictos a la pasta base están despertando voces de rechazo en el oficialismo. A buena parte de la dirigencia y la militancia frenteamplistas, ambas ideas le resultan heterodoxas, cuando no francamente contrarias a sus principios.

La internación contra su voluntad de los adictos ya generó un cortocircuito entre Víctor Semproni, legislador del Espacio 609, y Milton Romani, titular de la Junta Nacional de Lucha contra las Drogas. Romani calificó duramente al proyecto de Semproni por estar en contradicción con la experiencia acumulada en el tratamiento de las adicciones. La iniciativa presidencial busca responder a la emergencia de los jóvenes adictos que terminan convertidos en delincuentes y que tienen como víctimas, antes que a la sociedad, a su propia familia.

Hace un par de semanas le pregunté a Romani qué opinaba de las críticas sobre la falta de políticas públicas para atender este problema realizadas por familiares de los adictos. Romani les devolvió el guante por considerarlos parte del problema. Dicho de otro modo, los adictos a la pasta base no la tendrán fácil si, además de abandonar el consumo de la sustancia (lo que sólo se logra voluntariamente) no encuentran en su entorno familiar un cambio que esté a la altura de su decisión. ¿Se encerrará también a las madres y abuelas, a los padres y hermanos de los adictos para obligarlos a generar un ambiente que los contenga? El problema no es que Romani discuta públicamente con un legislador de su propio partido. El problema es que detrás de las ideas de Semproni está el presidente Mujica, a quien Romani debe rendir cuentas por su trabajo en la lucha contra las drogas.

Mandar a sus casas a los presos acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura sólo porque cumplieron setenta años, parece una idea inspirada en nobles sentimientos, viniendo de quien fuera uno de sus prisioneros más sufridos. Sin embargo, suponer que una razón personal pueda sepultar veinticinco años de lucha contra la impunidad no resulta fácil de entender. Conscientes de los compromisos asumidos durante décadas, varios sectores frenteamplistas resolvieron no acompañar la iniciativa. Nada menos que el senador Enrique Rubio, uno de los principales negociadores del oficialismo en el arduo reparto de cargos con la oposición, dijo que "si el proyecto llega al Parlamento... y hay que votarlo", prefiere dejar la banca.

Las ideas exóticas e inconsultas no suelen encontrar eco en las organizaciones políticas, cuyos dirigentes acumulan compromisos sobre los más diversos tópicos de los que no pueden abdicar fácilmente, y menos aún en el Frente Amplio, cuya ingeniería política necesita una lógica de consensos que demanda tiempo y negociación. La táctica de tirar el gato muerto arriba de la mesa funcionó muy bien mientras José Mujica era un líder ascendente, pero no se puede gobernar sembrando el desconcierto. No por mucho tiempo.