Garantizar las funciones de la Corte Electoral

La mayoría de la Corte Electoral señala que la prohibición aprobada afectará la capacidad institucional de la Corte para cumplir con eficacia su función de regulación y contralor de los sucesivos actos electorales que tendrán lugar a partir del año próximo.

Se indica por parte de la Corte Electoral que la plantilla de funcionarios del organismo se ha reducido sustancialmente y que la disponibilidad de recursos humanos hará difícil el cumplimiento de las funciones que están asignadas por la Constitución a este organismo de contralor.

Por otra parte, se señala con acierto que la norma aprobada por el partido de gobierno en la reciente Rendición de Cuentas, además, supone una afectación a la autonomía y a las potestades de la Corte Electoral que es notoriamente inconstitucional. Esto significa que, además de los perjuicios indicados en materia operativa, se ha producido un daño institucional al invadir el Parlamento la esfera de independencia del órgano de contralor electoral que posee una naturaleza específica y soberana con respecto a los restantes poderes del Estado.

Sin embargo, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, el único camino que le queda a la Corte Electoral, para subsanar esta situación consiste en la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia cuya tramitación lleva mucho tiempo y cuya sentencia no llegaría a tiempo para reparar el daño generado.

De todos modos, y más allá de estos contundentes argumentos, lo principal es que el país no debería llegar al año electoral con una situación de estas características. No es bueno para el sistema político y tampoco para el partido de gobierno que se ingrese al año 2009 con un planteamiento de parte de la Corte Electoral en el que se anuncia una afectación grave a su capacidad de funcionamiento, así como a su función de fiscalización y control de los actos electorales.

Es por ello que hemos decidido buscar el diálogo con todos los partidos, en particular con el partido de gobierno que es quien ha impulsado la norma cuestionada, a los efectos de buscar una solución que permita reparar la situación generada, sea por la vía de la derogación del referido artículo o por algún procedimiento alternativo que deje a cubierto la capacidad de acción de la Corte Electoral.

Esta solución es absolutamente indispensable para responder a la inquietud de la autoridad electoral y para dar tranquilidad a todos los uruguayos sobre las condiciones en que se realizarán los sucesivos actos electorales de 2009 y 2010. Grave sería que durante el próximo año se produjeran situaciones de riesgo para la transparencia de los sucesivos pronunciamientos electorales.