Contenido creado por Seguridad_Administrador
Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Fiscales, tobilleras, comisarías y cambio de autoridades

"Se podrán hacer ajustes legislativos o seguir aumentando penas, o modificar algunas características del nuevo Código del Proceso Penal, pero lo sustancial no está allí".

17.06.2018 18:50

Lectura: 5'

2018-06-17T18:50:00-03:00
Compartir en

La situación de inseguridad se ha agravado sustancialmente en los últimos meses. Quedó muy lejos la postura triunfalista de las autoridades del Ministerio del Interior reivindicando que alcanzarían la meta anunciada a comienzos del período de gobierno de reducir un 30% las rapiñas e indicaban con aire confiado que la tendencia a la reducción estaba firme.

Muy por el contrario, aunque el gobierno no publica las cifras hasta el mes próximo, todos sabemos que los homicidios se han disparado de manera tal que, si todo continúa así, tendremos un incremento histórico de cerca del 80%, alcanzando el horrendo récord histórico de alrededor de 450 homicidios en 2018. Y con respecto a las rapiñas, algunas versiones indican que se han incrementado de una forma apabullante, hemos leído en estos días en la prensa que se habla de un incremento del 50%. Sin palabras.

Estamos en el horno.

Frente a este inmenso fracaso, la actitud del ministro del Interior es impresentable. Como desde hace años, su reflejo permanente es echar la culpa a otros. El policía porque no tenía chaleco, la víctima porque se resistió, el Código de Proceso Penal porque libera a los delincuentes y ahora también con particular vehemencia a los jueces tomando como referencia un par de casos concretos.

Nunca hemos escuchado una sola autocrítica. Nunca un reconocimiento de fracaso. Es más, el sostén político de Bonomi, el inefable José Mujica, todavía se da el lujo de afirmar que "la delincuencia nos pasó por arriba", confesando el fracaso de manera rotunda.

Pero ni a Mujica, ni al presidente se les ocurre que si la inseguridad es cada vez peor, se debe cambiar el equipo que ha fracasado sustancialmente para que, a su vez, también cambie la política de seguridad.

Es más, en estos días hemos escuchado que el Ministerio del Interior tiene que destinar seiscientos policías para cuidar mujeres amenazadas por situaciones de violencia doméstica debido a que se terminaron las "tobilleras", lo que afecta su capacidad de vigilancia y represión. ¿No lo previeron? ¿No se pueden comprar más?

El ministro del Interior acaba de regresar de Rusia y anunció la compra de un importante número de armas para aumentar el poder de fuego de la policía. ¿No podía comprar más tobilleras y, de ese modo, liberar seiscientos policías para incrementar la fuerza de combate al delito en las calles?

Por otro lado, ya es un hecho confirmado que la Fiscalía General erró en el cálculo sobre el número de fiscales que se requerían para atender las competencias que la vigencia del nuevo Código de Proceso Penal exigía.

Faltan muchos fiscales porque se incrementó de manera exponencial el número de denuncias delictivas (sin contar que seguramente también se debe haber incrementado el número de hechos delictivos que no se denuncian) y también porque se calculó mal lo que se necesitaba.

Pues bien, es imprescindible incrementar el número de fiscales para atender esta carencia y el gobierno debe destinar recursos para esos fines.

Mientras tanto, las comisarías están desmanteladas y la estrategia del Ministerio del Interior es un fracaso monumental porque la policía no está en los barrios. Entra y sale en base a operativos específicos o denuncias puntuales, pero no permanece en cada barrio para controlar y derrotar el delito en donde se produce.

Se ha abandonado la función de la policía en el territorio a escala barrial. Todos sabemos que cuando cualquier ciudadano va a una comisaría a hacer una denuncia se encuentra con un panorama desolador. El otro día en una comisaría del Cordón en Montevideo no funcionaba ni siquiera la impresora para imprimir la denuncia; en Toledo los vecinos patrullan ante la ausencia de personal policial; en la mayor parte de los pueblos del interior del país si el policía a cargo tiene que hacer un procedimiento debe cerrar con llave la comisaría porque está solo.

Una catástrofe reconocida y reiterada. Sin embargo, las autoridades gubernamentales prefieren mirar para otro lado, seguir sosteniendo a los jerarcas contra toda evidencia y trasladar la culpa al nuevo Código de Proceso Penal.

Ya no sabemos qué más tiene que pasar para que el gobierno reaccione. El cambio de la política de seguridad es urgente y no se puede esperar a un eventual cambio de gobierno y, menos aún, creer que la seguridad depende de una eventual reforma constitucional o legislativa.

Se podrán hacer ajustes legislativos o seguir aumentando penas, o modificar algunas características del nuevo Código del Proceso Penal, pero lo sustancial no está allí.

Lo sustancial es un cambio en la política y la estrategia de seguridad pública. Además del rotundo fracaso de las políticas sociales y de integración social que son el telón de fondo de la gravedad de la situación.

La gente no puede ni quiere esperar.