Feliz marcha atrás

El Colegio de Abogados, Serpaj, Ielsur, junto a catedráticos de derecho constitucional y líderes opositores rechazaron el código de procedimiento policial que promovió el oficialismo por violar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Las críticas fueron especialmente duras con los artículos referidos a la solicitud de identificación de las personas y al allanamiento en horario nocturno y sin consentimiento del jefe o jefa de hogar. El primero despertaba el temor del regreso de las razzias, con el agravante de la legitimación legal, y el segundo porque era francamente violatorio del artículo 11 de la Constitución, que establece que de noche nadie puede entrar al hogar “sin consentimiento de su jefe”. 

Con respecto a la autorización del allanamiento nocturno, sus defensores plantearon situaciones hipotéticas como la inminencia de un crimen o un hecho de violencia en los que las víctimas no puedan autorizar el ingreso al domicilio. Por eso el artículo 136 del proyecto autorizaba a los efectivos policiales a ingresar “en circunstancias límites” y cuando exista “un peligro cierto, grave e inminente respecto de los ocupantes”. Como se ve, nada que no haya ocurrido antes y que la Policía no resuelva sin este polémico código.

También se argumentó que con la nueva disposición se iba a luchar más eficientemente contra la producción y venta de pasta base, que se hace de noche aprovechando las limitaciones constitucionales en materia de allanamiento. Pero esa circunstancia no se ajustaba a lo descrito en artículo 136, a menos que se pretendiera que la preparación de pasta base pone en riesgo a los ocupantes de la vivienda porque no cuentan con habilitación de Bromatología ni de Bomberos.

¿Cómo es posible que el Frente Amplio haya estado a punto de votar   semejante proyecto? Las críticas fueron de tal dimensión que el oficialismo se vio en la necesidad de anunciar que las modificaciones propuestas serían tenidas en cuenta pero… ¡en otra ley y después de aprobado el código proyectado! La explicación es tan tortuosa como inverosímil. Si el  proyecto merece críticas referidas a la violación de preceptos constitucionales, ninguna mecánica parlamentaria justifica su aprobación. Finalmente triunfó la cordura y la bancada oficialista presentaría un proyecto sustitutito, virtualmente acordado con el Partido Nacional, que eliminaría los artículos polémicos.

La decisión reafirma la idea lanzada por el presidente Vázquez de que su gobierno tiene “marcha atrás” cuando se le demuestra que está en un error. Pero hay más.
El proyecto original salió de las entrañas de la Policía y reflejaba la peculiar forma de ver la lucha contra el delito que tiene el Cuerpo. La falta de garantías en el procedimiento y ciertas limitaciones a la acción policial en la investigación sobre individuos y domicilios serían las causas de su ineficiencia. En la visión tradicional de la izquierda, el énfasis no debía ponerse en estas medidas de corte represivo sino en la lucha contra la de pobreza y exclusión social (que favorecen el aumento del delito) y en la profesionalización de la Policía.

Es difícil creer que la bancada frenteamplista sea tan ingenua como para comprar la versión policial según la cual, la causa por la que sus efectivos no operan contra el narcotráfico y llegan tarde a reprimir delitos que se repiten en los mismos lugares y con las idénticas características, es la falta de un código de procedimiento. De haberse votado como venía, la ley hubiera dejado aún más expuestos a la arbitrariedad policial a los habitantes de los barrios más pobres, especialmente a los jóvenes, sus víctimas de siempre.

Pero más difícil todavía es determinar por qué un proyecto de estas características llegó tan lejos (tuvo media sanción en diputados) y cuándo el Frente Amplio pasó de defender las garantías individuales a justificar su limitación.