Falsa causa

Algunas reacciones que despertó la Suprema Corte de Justicia con sus recientes decisiones en el seno del oficialismo deberían mover a la reflexión y la preocupación. Desde que se conociera la remoción de la juez Mariana Mota, hasta el viernes pasado, cuando se anunció la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Caducidad y pasando por un fallo en igual sentido contra el ICIR,  el público pudo recoger una serie de respuestas que, so pretexto de indignación, olvidaron algunas cuestiones de elemental sentido común. Y de sentido republicano. En lógica se llama “falacia de causa falsa” pero hay que ser demasiado inocente para creer que estamos ante un problema de lógica.

Cuando la Suprema Corte dijo que el ICIR era inconstitucional, se pudo escuchar a la senadora y presidente del Frente Amplio, Mónica Xavier, acusar a la corporación de proteger a los grandes capitales. “Aunque no lo quiera” la Corte, dijo Xavier, el “resultado objetivo es que no se va a desestimular la concentración de la tierra”. Más recientemente, y ante la inconstitucionalidad resuelta para la ley que interpretaba la norma que impuso la caducidad, el MPP (sector mayoritario dentro de la coalición de gobierno) acusó a la Corte de ser responsable del “mantenimiento de la impunidad en Uruguay” y vinculó esta sentencia con el traslado de la jueza Mota, lo que ameritaría nada menos que un juicio político contra sus integrantes. ¿Cómo fue que se llegó tan lejos?

En rigor de verdad, lo que acababa de ocurrir era que la Suprema Corte de Justicia, luego de haber dispuesto un traslado polémico que afectaba a una jueza penal considerada emblemática por las organizaciones que promueven causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, emitió dos fallos sobre la constitucionalidad de un par de normas del derecho positivo, promovidas por el oficialismo. En ambos casos entendió que existían razones para considerar que vulneraban el ordenamiento constitucional  del país.

Como parece obvio, la Corte no emitió opinión sobre la pertinencia de gravar a los terratenientes o de proteger a quienes violaron los derechos humanos. ¿Quién es, entonces, el responsable de que ambas situaciones se perpetúen?

Lo que ocurrió fue que el oficialismo, enfrentado a dos situaciones que quería revertir, diseñó soluciones legales que despertaron fuertes señalamientos de inconstitucionalidad. Siguiendo la formalidad de la lógica (o la simple exposición de los hechos) sería más adecuado sostener que el responsable de perpetuar la impunidad y la concentración de la tierra el Frente Amplio, que no fue capaz de superar tales calamidades con leyes ajustadas a derecho.

Mientras se discutía la ley interpretativa de la Caducidad, el senador Rafael Michelini daba por descontado que se vendrían recursos de inconstitucionalidad y afirmaba que el asunto no le preocupaba porque la última palabra la tendría la Justicia. En la coincidencia o la discrepancia, llegó el momento de acatar su veredicto.