Escándalo en la Educación Pública

El semanario Búsqueda publicó la semana pasada el resultado de una investigación sobre el gasto educativo en Uruguay realizada por la consultora CINVE. Las cifras son de extraordinaria importancia porque permiten medir el grado de justicia con que el Estado asigna el dinero que los uruguayos invertimos en la educación pública.

Según la investigación, la Universidad de la República destina la mitad de su dinero a educar al 20 por ciento de los hogares más ricos, y sólo el 1,6 por ciento a los más pobres, y el 6,1 por ciento al segmento siguiente. Una asignación de recursos fuertemente regresiva e injusta. Un verdadero escándalo, que hubiera causado un terremoto político en cualquier otra institución que se financie con el dinero de los contribuyentes. Como se trata de la Universidad, el tema sucumbió ante el silencio de todos los actores políticos. Una vez más.
El 8 de setiembre de 2005, el Cybertario se refería al mismo tema aunque sin la contundencia de las cifras. La columna se titulaba  “Astori: huracán en la Universidad”, y se refería al cambio de opinión del ministro con respecto a la matrícula universitaria. Entre otras cosas, decía:

“Nada menos que un ex decano de la Universidad estatal, manifestó su apoyo a una solución alentada principalmente desde los "think tanks" neoliberales. Peor aún fue el reconocimiento expreso del ministro a su cambio de parecer sobre el punto: "Durante muchos años compartí la opinión contraria... No podemos congelar en el tiempo posturas al respecto... No puede haber posiciones congeladas que nos lleven a no discutir siquiera el tema". ¿Matrícula universitaria? ¿Cambiar de opinión? ¡Too much!... ¿Qué podemos esperar de la confesión del ministro? Que sea víctima de la vieja práctica del disimulo y que, poco a poco, desaparezca de la consideración pública. No se puede permitir que una simple idea tenga los efectos devastadores del huracán Katrina y termine abriendo una brecha en los diques de contención del discurso dominante”.

Tres años pasaron desde las declaraciones del ministro y salvo una oportuna y coincidente sentencia del entonces ministro José Mujica, nadie dijo esta boca es mía. Ahora conocemos la dimensión del despilfarro, pero ni la ministra del ramo ni su director de Educación ni las comisiones parlamentarias respectivas ni los precandidatos a la Presidencia ni el Presidente de la República, alzaron su voz de indignación ante este escándalo de regresión y privilegio.

El Rector de la Universidad estatal, Rodrigo Arocena, respondió al informe de CINVE en una columna publicada en El Observador. Entre otros argumentos, Arocena cita un documento de la Udelar en el que Mariella Torello afirma que debería compararse la composición de la matricula universitaria con “la población que está en condiciones de acceder a los estudios universitarios”. Y eso porque los alumnos provenientes de las familias más pobres quedan por el camino en Secundaria. Con este argumento, Arocena se pregunta: “¿Es regresivo el gasto en sexto año de la Enseñanza Media?” Como los datos acusan que en la formación docente “hay menos estudiantes de magisterio y profesorado pertenecientes a los quintiles de menores ingresos que a los de mayores ingresos”, Arocena vuelve a preguntarse: ”¿Corresponde introducir la matrícula en esa rama de los estudios terciarios?” Aunque las preguntas son puramente retóricas y el rector da por descontado un rotundo no, la respuesta a todas ellas bien podría ser sí. Al respecto, pongo un ejemplo personal.

Mis hijos mayores fueron a la escuela y el liceo públicos, sin que su madre ni su padre tuvieran que pagar un solo peso de más, de modo que estudiaron tan gratuitamente como los hijos de las familias más pobres. Llegaban en una camioneta bastante confortable, bien  estimulados y alimentados, y disfrutaban de mayores recursos, mejores locales y, probablemente, mejores docentes que los alumnos de los barrios más pobres. ¿Alguien puede decir que esto es justo? ¿Lo es que la sociedad uruguaya le financie la carrera universitaria a quienes pueden costearla de su propio bolsillo? ¿Alguien puede sostener que este estado de cosas responde a un sentido de justicia social? ¿Alguien puede negar que esto sea un escándalo y un despilfarro?

Sería más razonable que las carencias del sistema educativo público y las múltiples inequidades que el informe evidencia, sean reducidas paulatinamente con el dinero de quienes, pudiendo pagar un poco más,  utilizan este servicio público. Quizás ese dinero pueda destinarse a becar íntegramente y desde Secundaria a los estudiantes más pobres que demuestren aptitud y determinación de seguir adelante.
 
Pero la investigación de CINVE dice algo más. Dice que, a diferencia de lo que ocurre en la Universidad de la República, el gasto en Primaria es equitativo y bastante equitativo en Secundaria. Deberíamos preguntarnos por qué en dos organismos que están bajo el control del sistema político (en representación del conjunto de la sociedad) se gasta con equidad, y en el organismo autónomo y autogobernado por las corporaciones universitarias, el dinero se gasta en atender preferentemente la educación de los más ricos. Conviene tener presente estos datos ahora que los gremios de docentes de la educación pública se movilizan en procura de “autonomía y cogobierno”. Conviene también preguntarse por qué el sistema político guarda un silencio sepulcral ante este escandaloso despilfarro.