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Pablo Mieres

Escribe Pablo Mieres

Es urgente modificar el rumbo de la educación.

La semana pasada la FENAPES, sindicato que agrupa a los profesores de enseñanza secundaria a nivel nacional, salió en defensa del Consejero Daniel Guasco frente a los fuertes cuestionamientos que nosotros habíamos formulado ante sus patéticas declaraciones referidas a la necesidad de abandonar las pruebas PISA para encontrar otros parámetros (obviamente menos exigentes) de medición comparada.

05.01.2011 09:05

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2011-01-05T09:05:00-03:00
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La postura de FENAPES confirmó algo obvio, la postura de Guasco no es solitaria ni personal, sino que lamentablemente es representativa de las posiciones del sindicato docente.

Es decir que la apuesta a la mediocridad, a "barrer debajo de la alfombra", a disimular las carencias y las tendencias cada vez mayores al deterioro de nuestra enseñanza, no es una posición aislada del Consejero electo por el voto del orden docente, sino que es el resultado de una posición colectiva que representa a la conducción sindical de los profesores de Secundaria.

Nótese que no estoy incluyendo en esta categoría a todos los docentes de Secundaria, me consta que hay un buen número de ellos que no opinan de esta forma y que están haciendo un gran esfuerzo por mejorar la calidad de lo que enseñan. Pero no hay duda que la conducción del sindicato de docentes y la mayoría de sus miembros activos comparten la postura sostenida por Guasco y acusan de antidemocrático o, incluso de "golpistas", a los que condenamos sus dichos u opinamos que debería renunciar.

Para variar, el escudo protector es la tan manida referencia a la "autonomía de la enseñanza". En nombre de ella cada vez más se ocultan y se sostienen los mayores bloqueos para cambiar o mejorar la educación; ahora parece que ni siquiera se puede opinar, porque la crítica también podría afectar la autonomía de la educación.

Existen muy pocos países en el mundo en los que la toma de decisiones y la administración de la educación básica y media esté fuera de las potestades del Poder Ejecutivo y quede en manos de Entes Autónomos que, con un celo digno de mejor causa, impiden que el gobierno actúe directamente en la definición del rumbo de este sector clave de nuestra vida nacional.

Pero no conformes con esta situación, la nueva ley de educación dio un paso más e incorporó la voz de los órdenes docentes en cada rama de la enseñanza, aumentando el peso, que ya era muy importante, de los gremios docentes en la conducción de la enseñanza.

Tenemos dos gravísimos problemas. El primero es de diseño institucional y consiste en la interpretación, a todas luces exagerada, del concepto de autonomía de la enseñanza que ha llevado a transferir el poder de decisión de los actores políticos a los actores corporativos.

El segundo, tan grave como el primero, es que estos actores corporativos actúan en función de sus propios intereses particulares, sin pensar en cómo mejorar la calidad y la equidad de nuestra educación. Están mucho más preocupados por mejorar su propia situación laboral y salarial que por los niveles de aprendizaje de los estudiantes.

Han construido un discurso ideológico que se ha logrado instalar en buena parte del partido de gobierno, que consiste en identificar la mejora de la educación con la mejora de las retribuciones salariales de los docentes y funcionarios de la educación.

Han construido un discurso ideológico que identifica toda crítica o cuestionamiento al funcionamiento de la educación como una maniobra de la "derecha" o un "atentado a la autonomía de la educación".

Para estos grupos la "autonomía" se ha convertido en una "patente de corso" para apropiarse del funcionamiento de la educación evitando que nadie se meta y acusando de antidemocrático al que cuestiona sus dichos o acciones.

Sin embargo, la educación se financia con los fondos públicos que aportamos todos los ciudadanos; y son los ciudadanos los que eligen a los gobernantes para que se hagan cargo de las políticas públicas, incluida la política educativa.

Por lo tanto, los partidos y los gobernantes, representantes de la ciudadanía a través del voto, tienen no solo el derecho sino sobretodo la obligación de hacerse cargo del futuro de nuestro sistema educativo.

La catástrofe en la educación es muy evidente, con PISA o sin PISA. La urgencia por un "cambio de rumbo" en la política educativa es también muy notoria.

El Presidente Mujica debe tomar decisiones urgentes y, sobretodo, debe asumir la responsabilidad de orientar la política educativa en un sentido diferente, quebrando el bloqueo corporativo de los numerosos Guascos que existen a lo largo y ancho de la conducción de nuestra educación.