Es urgente: jueces, fiscales y policías deben ponerse de acuerdo

Desde hace varias semanas se ha instalado en la agenda pública una sucesión de intervenciones de los diferentes operadores judiciales haciendo referencias a diversos casos en investigación relacionados con delitos graves en las que se trasladan recíprocamente las culpas y responsabilidades sobre eventuales fracasos o resultados adversos en la investigación o dilucidación de las causas.

Llama la atención tal forma de actuar de algunos fiscales, jueces y autoridades del Ministerio del Interior. En vez de mantener o utilizar las vías correspondientes, parecen apurarse en salir a la opinión pública para salvar eventuales responsabilidades propias.

Hay una sorprendente acumulación de declaraciones en donde un fiscal argumenta que la policía demoró en actuar, o un juez indica que la solicitud de un fiscal se demoró de manera injustificada o el propio Ministro del Interior sale a la opinión pública acusando a fiscales y jueces por decisiones equivocadas o tardías.

Todo con el afán de eludir responsabilidades. Muy preocupante. ¿A qué se debe esta nueva forma de actuar de los operadores judiciales, tan mediática e imprudente? Creemos que hay dos razones superpuestas.

La primera es la notoria existencia de un incremento de la actividad delictiva que es, ciertamente anterior a la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal. El aumento de los homicidios en lo que va de 2018 es un indicador brutal de un fuerte deterioro de la situación de inseguridad, pero ello está acompañado de un incremento sostenido de rapiñas y hurtos en el último trimestre del año pasado que no parece haber retrocedido en los dos primeros meses de 2018.

Entonces, este incremento delictivo que impacta en la opinión pública, es un factor que impulsa a algunos operadores judiciales a salir de manera sorprendente a justificar su actuación o trasladar la responsabilidad a otros, cruzando acusaciones recíprocas.

La segunda razón es, efectivamente, la aplicación del nuevo Código que determina importantes cambios en los diferentes roles y tareas de fiscales, policías y jueces. Seguramente esta novedad está acompañada de desajustes, descoordinaciones, desconocimiento, inexperiencia y todo lo que implica un cambio tan drástico y profundo en las relaciones entre los operadores de la Justicia.

La combinación de los dos factores produce un escenario de nerviosismo y enojos lo que lleva a que algunos salgan inmediatamente, de manera poco ponderada, a adjudicar responsabilidades. El problema es que, cada vez con mayor frecuencia, se eligen las declaraciones públicas para cuestionar y trasladar las culpas. Grave error que aumenta la sensación de vulnerabilidad de nuestra sociedad.

El problema no es el nuevo Código y sus normativas, aunque probablemente haya que hacer algunos ajustes, como siempre ocurre en situaciones de cambios importantes. Conviene recordar que las normas aprobadas en el Parlamento siguieron al pie de la letra los señalamientos de la Fiscalía General y de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, es muy probable que haya que realizar algunos ajustes normativos.

Nos parece evidente que, en vez de instalar un escenario de acusaciones recíprocas, deben establecerse instancias de análisis y coordinación entre los tres actores centrales del proceso judicial penal y detectar dónde están los problemas para definir con claridad los ajustes que correspondan.

Es por ello que esta semana vamos a solicitar la comparecencia de los tres actores del proceso ante la Comisión de Constitución del Senado para promover estas instancias y para intentar revertir una situación pública que lo único que hace es generar cada vez mayores dudas sobre la forma en que el Estado asume y combate el delito.

Hay que bajar la pelota y trabajar en forma conjunta para lograr resultados acordes a los desafíos planteados. Ciertamente esperamos que jueces, fiscales y policías, cuya profesionalidad está fuera de toda discusión, ajusten sus roles y se puedan ir resolviendo los huecos, las omisiones y errores sin quedarse en el triste e inadecuado mecanismo de transferir públicamente las culpas a otros.