Es Gil

El debate sobre los límites de la prensa frente a situaciones que involucren riesgo de vida no es nuevo y se refleja en dos posiciones irreconciliables y una más o menos convenida.

Las autoridades policiales y quienes participan en las conversaciones con los secuestradores, reclaman colaboración de los medios para que no se entorpezcan la negociación y la investigación. Los periodistas, en cambio, creemos que la responsabilidad de no revelar detalles de la negociación es de quien pacta con los secuestradores y no de la prensa.

De hecho, la disyuntiva entre informar o preservar una vida es falsa. Si los negociadores se comprometen ante los secuestradores lo que no pueden cumplir, la responsabilidad es de ellos y no de la prensa, que no participa de ese ni de ningún pacto de silencio. Mañana podrían pedir que se liberen los presos del Comcar, que el presidente baje el IRPF, que la AUF anule el resultado del clásico, o cualquier otra cosa.

Otro tanto ocurre con la marcha de las investigaciones. Si la difusión de noticias dificulta la investigación, sus responsables deben preocuparse de preservar los datos que manejan y que los funcionarios o profesionales infieles, que se comprometen al silencio y no lo hacen, sean apartados del caso y sancionados. Ese es el deber de los jerarcas policiales, como es el de la prensa divulgar hechos verificables y pertinentes.

Si miramos el episodio en su conjunto, veremos que la prensa fue extremadamente cautelosa durante el cautiverio de la ginecóloga y no difundió casi nada, en comparación con el arsenal de rumores y pistas de que se disponía. El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) elaboró un decálogo con recomendaciones para los medios en casos de secuestro. En términos generales, todas fueron respetadas por los medios y los periodistas.

Cuando la Policía reclama el silencio de los medios para investigar tranquila, se olvida de dos asuntos fundamentales: uno es que la falta de información seria no es sustituida por el silencio sino por el rumor, la forma más perversa y destructiva de información. La segunda es que la falta de una mirada escrutadora sobre la actividad policial o cualquier otra, favorece conductas inapropiadas y la impunidad de funcionarios públicos ineficientes o deshonestos.

Los medios de comunicación existen para dar información veraz y en el menor tiempo posible sobre asuntos relevantes y de actualidad. Pedirle a un periodista que se guarde las noticias es exponerlo a traicionar su vocación y su profesión.

Hay, empero, situaciones excepcionales. No tendría sentido que un medio difundiera con anticipación un operativo de rescate, puesto que eso sólo beneficiaría a los delincuentes y pondría en riesgo la vida de la víctima, que es el primer bien a preservar. Pero fuera de estas situaciones infrecuentes, la regla que debe regir a los medios es el de informar. Si las autoridades necesitan reserva en ciertos momentos del secuestro debería contar con personal capacitado para mantener un vínculo profesional con los periodistas. Ese vínculo es el resultado de políticas específicas y sostenidas en el tiempo y se basan en el respeto mutuo y la confianza.

Todo lo contrario a lo que está ocurriendo en este último tiempo. El Ministerio del Interior tiene una persona a cargo del relacionamiento con la prensa que escracha falsamente a los medios y periodistas y procede con un criterio discrecional y arbitrario, premiando con entrevistas de jerarcas a periodistas más dóciles y postergando a los que dicen lo que las autoridades no quieren que se diga. Quien hoy cumple con esa tarea es Fernando Gil. No es Bonomi y Vázquez. Es Gil.