El Presidente Mujica le planteó a su fuerza política la necesidad de encontrar una alternativa que permita "equilibrar la justicia con el respeto de la voluntad popular" en el caso de la pretendida anulación de la Ley de Caducidad. Una de las respuestas llegó hace un par de días, en una carta firmada por destacadas figuras frenteamplistas. Allí se le aclara al Presidente que, en realidad, "el fondo de la cuestión" no es el que Mujica dice sino hacer desaparecer de la legislación uruguaya una "norma inconstitucional y violatoria de acuerdos internacionales".
La misiva establece que ese equilibrio ni siquiera sería necesario. Como "se votó con una sola papeleta" sólo fue posible contar cuántos votaron "en contra de la impunidad" pero no cuántos lo hicieron a favor. El argumento soslaya que la convocatoria no fue sobre el apoyo o rechazo a "la impunidad" sino sobre la conveniencia de anular y o dejar vigente una ley. La impunidad es un concepto abstracto y la Ley de Caducidad un asunto concreto y de implicancias múltiples. Sobre esta compleja propuesta específica la mayoría se pronunció claramente: no la votó.
La segunda está en que la mencionada "impunidad" no es tal después de que el entonces presidente Tabaré Vázquez excluyera de la protección de la ley a un grupo emblemático de represores, entre los que se encuentra el exdictador Gregorio Álvarez, que están presos en la cárcel de Domingo Arena por decisión judicial.
La politóloga y senadora del Espacio 609, Constanza Moreira, agregó un nuevo argumento a este berenjenal. Para la legisladora, es "una mentira" decir que la "voluntad del soberano" ratificó la ley de Caducidad en octubre de 2009 porque el 52 por ciento que no acompañó la papeleta rosada constituye una expresión "de silencio" y no "una expresión de voluntad soberana", la que sólo sería válida si se manifestara de forma "activa". Es curioso que sobre una cuestión así de significativa, la Constitución de la República no diga una sola palabra. Por el contrario, en el capítulo referido a tan delicados menesteres, establece que "la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación", que está integrada por los ciudadanos y que es ejercida "directamente por el Cuerpo Electoral".
En octubre de 2009 el Cuerpo Electoral estaba llamado a elegir entre dos opciones: votar por sí para anular la ley, o no votar por sí para dejarla vigente. Ambas opciones formaban parte de un acto de "soberanía activa", puesto que esta condición no está vinculada al contenido del sobre.
No se trata de la ciencia jurídica sino de la ética convencional: quienes se someten voluntariamente y por iniciativa propia a un tribunal deben aceptar su fallo, salvo que constaten vicios formales o de fondo. Mujica plantea a sus compañeros que el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Justicia debe ser equilibrado con los pronunciamientos populares y que se debe buscar una alternativa en este sentido. Sería una señal política e institucional de imprevisibles consecuencias que el Frente Amplio lo desairara.

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