Engañados

El cálculo fue errado, pero llegarían cosas peores. La urgencia por recobrar la conectividad aérea se disipó con cierta facilidad, no así la de evitar que el Estado se terminara haciendo cargo de las deudas generadas por Leadgate. Con una ley inconstitucional y un remate plagado de manejos turbios, el gobierno uruguayo pretendió pagar menos, material y políticamente, lo que vendría a ser lo mismo.

Los correos electrónicos difundidos el domingo pasado no son más que el último capítulo de este folletín, pero dejan al descubierto lo que se sospechaba: 1) el verdadero oferente en el remate no era Cosmo sino López Mena, y 2) el gobierno estaba al tanto de toda la engañifa.

Con tantos millones de dólares dando vuelta, no deja de ser revelador que ninguno de los funcionarios que intervinieron en la operación haya sido acusado de enriquecimiento ilícito. No es de extrañar porque son personas honestas. La naturaleza del asunto no es la codicia sino la falta de límites en sus acciones de gobierno. Es por eso que fueron procesados Lorenzo y Calloia, brazos ejecutores de un plan avalado por el propio Mujica.

El presidente de la República también es un hombre honesto y no lo mueven intereses materiales. Sin embargo, adolece de un defecto ideológico muy grave para un gobernante democrático: para él "lo político está por encima de lo jurídico". La confesión pretendía justificar el atropello del Mercosur contra el parlamento paraguayo, pero una convicción de esa naturaleza bien podía inspirar su desempeño al frente del Ejecutivo.

Parece claro que Mujica intentó evitar el costo político por la quiebra de Pluna y el pago de los acreedores, particularmente la deuda generada por la compra de los aviones, de la que el Estado era garante. Para lograrlo, terminó armando una ingeniería engañosa: buscaba esconderle a la ciudadanía que el zar del transporte marítimo y aéreo se convertiría en el dueño de un auténtico monopolio. Por eso no fue el mismísimo López Mena quien se presentó a rematar los aviones sino un empleado suyo que fraguó el nombre para no ser detectado, con el consentimiento del gobierno uruguayo.

Los artículos 93 y 172 de la Constitución de la República prevén los mecanismos para que el presidente de la República sea acusado por faltar a los deberes del cargo. Aún sabiendo que no cuenta con las mayorías especiales para avanzar en su acusación, la oposición puede presentar el caso ante la Cámara de Representantes y armar un lío de proporciones inéditas y en pleno año electoral. Seguramente no se llegará tan lejos, pero el final del "affaire Pluna" aún está lejos de conocerse. Poner lo político por encima de lo jurídico arrojó un resultado doblemente desastroso: aún no se sabe cuánto tendremos que pagar con dinero los contribuyentes ni cuánto tendrán que pagar con votos los responsables. Empezando por el presidente de la República.