En el mismo lodo

Si la Suprema Corte de Justicia deroga el impuesto a la renta para los pasivos, como todo hace suponer, asistiremos a un duro debate entre el gobierno y la oposición. En principio, blancos y colorados obtendrían un triunfo político de una dimensión inédita desde que se instaló Tabaré Vázquez en el Edificio Libertad, tras alentar a los involucrados a presentar los recursos de inconstitucionalidad. Lo paradójico del caso es que fueron esos mismos partidos los que impusieron a los jubilados el Impuesto a las Retribuciones Personales, muchísimo más gravoso e injusto.

Para los partidos tradicionales, una serie de fallos derogatorios por parte de la Suprema Corte les daría la oportunidad de doblegar al gobierno en una de sus transformaciones más ambiciosas y en un asunto que involucra un sector muy sensible y numeroso del electorado. Claro que en un debate con el oficialismo, no les va a resultar fácil explicar por qué no se reparó en la eventual inconstitucionalidad del IRP durante los quince años en los que estuvieron en el poder. No sólo que no se planteó semejante inconveniente legal sino que se lo utilizó como una variable de ajuste. Una cosa es encontrar intersticios jurídicos con los que atacar al gobierno y otra muy distinta es poder presentarlo como ejemplo de sensibilidad social y justicia tributaria.

Podrá alegarse que los ajustes realizados por los presidentes Lacalle y Batlle se operaron en circunstancias muy distintas a las actuales y con un espacio fiscal negativo. El primero intentó enfrentar con esa herramienta el déficit fiscal que le dejó Sanguinetti y el segundo procuró en vano frenar la debacle del 2002. Lo cierto es que este era un impuesto a las jubilaciones, con una tasa que trepó del 2 por ciento hasta alcanzar diez veces ese guarismo en sus días de mayor agobio.

De triunfar el recurso, se consagraría la diferenciación jurídica entre renta e ingreso, que fuera negada por los voceros del gobierno cuando promovían la reforma tributaria. Esta línea argumental permite a la oposición defender la legalidad del antiguo IRP, pero de una manera morbosa: defenestran un impuesto más justo y menos gravoso que el aplicado durante las anteriores administraciones. Para colmo, la derogación llegaría justo cuando el gobierno promete aliviar la carga tributaria elevando el mínimo imponible y aumentando las deducciones.

La eventual derogación será un mal trago para el oficialismo. Por lo pronto, deberá enmendar un error jurídico que pudo ser advertido por expertos del propio Frente Amplio si se los hubiera consultado. Pero además, deberá calcular a la baja su plan de inversiones en vísperas del año electoral y con varios gremios de funcionarios estatales afilando las uñas.

Para la oposición, el fallo de la Suprema Corte podrá ser festejado como un triunfo, siempre y cuando lo haga con moderación. No vaya a ser que el recuerdo de su impopular predecesor y las circunstancias que rodearon su aplicación se le vuelva en contra, como un boomerang.