El mundo del revés o la presión sobre la justicia

El recluso se encontraba a pocos días de salir libre y había sido amenazado por haber denunciado situaciones existentes dentro del CNR referidas a otros reclusos.

Las autoridades del CNR demoraron un día en dar cuenta del fallecimiento y cuando lo hicieron indicaron que se trataba de un suicidio. La Jueza y la Fiscal actuantes realizaron las indagatorias correspondientes y descubrieron que el mencionado suicidio era, en realidad, un homicidio. La investigación realizada avanzó con el pedido de procesamiento por parte de la Fiscal con respecto a la Directora del CNR, a la que se le imputa responsabilidad por omisión en el fallecimiento del recluso.

Sin embargo, las autoridades del Ministerio del Interior presentaron una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia y ante el Ministerio de Educación y Cultura por supuestos malos tratos de parte de la Jueza, la Fiscal y el Actuario con respecto a la Directora del CNR.

Resulta muy preocupante que el Ministerio del Interior ejerza presión sobre los representantes de la Justicia, denunciándolos por supuestos malos tratos en un episodio donde toda la evidencia indica que hubo de parte de las autoridades del CNR, cuando menos, una notoria negligencia en la preservación de la integridad física de un preso.

Como si esto fuera poco, la bancada de legisladores del Frente Amplio recibió a quien asumió la defensa de la Directora del CNR para agregarle a esta situación un mayor componente de respaldo partidario y de presión sobre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Las declaraciones de la abogada a la salida de la reunión con la bancada oficialista agregaron todavía mayor presión política, invirtiendo la realidad y tratando de hacer aparecer que lo grave de la situación había sido la actitud de jueces y fiscales, dejando en un segundo plano el tremendo hecho de un asesinato con todo el aspecto de una ejecución realizado bajo la administración del propio Ministerio del Interior que, en vez de preocuparse por el esclarecimiento cabal de los hechos, busca responsabilizar a los representantes del Poder Judicial.

Las autoridades del Ministerio del Interior están transitando por un camino muy riesgoso al hacer valer su poder para intentar modificar el curso de los acontecimientos jurisdiccionales.
Por otra parte, este episodio permite dejar en evidencia nuevamente lo equivocado que resulta que el Ministerio Público y Fiscal, que representa el accionamiento jurisdiccional del Estado, esté dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, con los consiguientes riesgos que supone desde el punto de vista de la presión que, indirectamente, se ejerce sobre una función que no solo debe tener autonomía técnica, sino que su funcionamiento debería ser independiente del poder político.

Estaríamos en el mundo del revés si este episodio termina centrándose en un eventual exceso de celo de las autoridades judiciales, en vez de centrarse en la ejecución de un recluso que fue asesinado con previo aviso.

La gravedad de la situación carcelaria no se arregla "barriendo debajo de la alfombra", ni convirtiendo un hecho escandaloso en un motivo para cuestionar a quienes con dificultades pudieron hacer salir la verdad frente a un engaño monstruoso.

Hay que asumir la situación carcelaria, tomar las decisiones que corresponden y reconocer las responsabilidades correspondientes, ese es el único y verdadero camino para recuperar la dignidad de nuestros centros de reclusión y la confianza de nuestra ciudadanía en la administración carcelaria de nuestro país.

Lo otro, simplemente aumenta la sospecha de que las cosas siguen muy mal en esos ámbitos.