El dilema ineludible

Al mismo tiempo representa una importante erogación del Estado que puede ascender a más de sesenta o setenta millones de dólares en el año. Esta decisión implica una importante renuncia fiscal que, por otra parte, delata que efectivamente los resultados de la aplicación de la reforma tributaria han significado para el Estado, a pesar de lo que se nos dijo desde el gobierno una y otra vez, un incremento en la recaudación pública.

El gobierno ha explicado las causas de la inflación en base a dos componentes explicativos. Uno es el alto precio internacional de ciertos productos que lógicamente han arrastrado su crecimiento hacia el mercado interno, el otro es el factor climático que ha afectado la oferta de ciertos productos agropecuarios generando escasez y moviendo, por lo tanto, sus precios al alza.

Pero el tercer componente que el gobierno prefiere ignorar es el incremento del gasto público que se produjo en el presente año y que, para el año 2008, de acuerdo a los contenidos aprobados en la Rendición de Cuentas, será aun mayor. Como se sabe, además, la mayor parte del aumento se aplica a incrementos salariales que, como se sabe, impactan sobre el ritmo inflacionario.

Puestas así las cosas, una vez resueltas las medidas anunciadas la pasada semana, que son importantes pero que no suponen una solución final al problema, el dilema que enfrentará el gobierno no será de fácil resolución.

Por un lado, deberá evaluar cómo enfrenta los incrementos del gasto que, en caso de no corregirse, volverán a impulsar los niveles de inflación hacia arriba. Por otro lado, recibirá una presión creciente de las organizaciones sindicales que, dadas las circunstancias, reclaman medidas que impidan que la inflación "evapore" una parte de la recuperación salarial obtenida a través del funcionamiento de los Consejos de Salarios, reclamando aumentos suplementarios o la puesta en práctica de las viejas "cláusulas gatillo".

Sin embargo, todos sabemos que esta demanda, en caso de ser satisfecha genera la dinámica del "burro y la zanahoria", en la medida que un incremento salarial dispuesto a los efectos de responder a la afectación sufrida por la inflación volverá a empujar los precios al alza, impulsando nuevamente la inflación hacia arriba y generando un nuevo reclamo de recuperación salarial.

Por otra parte, el gobierno ha comprometido, como meta del período de gobierno, recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y comienzan a existir diferencias sobre los logros alcanzados al respecto y sobre cómo manejar la dinámica de los Consejos de Salarios sin afectar la estabilidad de la economía.

A su vez, corregir la tendencia al crecimiento del gasto público implica afectar las expectativas de aumento salarial de los trabajadores del Estado, lo que aumenta las contradicciones entre las opciones de política disponibles.

En definitiva, un dilema que en cualquier caso requiere aceptar costos. En un caso se producirán costos políticos con los sindicatos y buena parte de los sectores políticos que integran el partido de gobierno, al optar por reducir el gasto público.

En el otro caso, admitir los reclamos de aumentos salariales que compensen las pérdidas de poder adquisitivo producidas por la inflación, implicaría ingresar en un círculo vicioso de la economía que, más tarde o más temprano, terminará generando también costos políticos.

Ojalá la inmediatez en la búsqueda de los réditos políticos de corto plazo no determinen la opción por responder positivamente a los reclamos de corrección salarial porque ese sería el camino equivocado para el futuro del país.