Cuando el ex militar Manuel Cordero Piacentini se siente en el banquillo de los acusados para responder las preguntas del juez Norberto Oyarbide, un largo y tortuoso periplo habrá llegado a su fin. Sus súbitas internaciones en Porto Alegre, sus paseos desafiantes por Santana do Livramento y su tono entre pasmado y burlón, pusieron una nota de irritación que concluyó el sábado pasado, cuando una ambulancia lo depositó en territorio argentino para que enfrente los cargos por el secuestro de un bebé, la desaparición de diez personas y las torturas contra otra treintena.
El comienzo puede situarse cinco años atrás, cuando Cordero decidió huir a Brasil para evitar a la justicia uruguaya, que mandaría a buena parte de sus antiguos camaradas de armas tras las rejas, o incluso bastante antes, una noche de abril de 1989, cuando la ciudadanía le daba la espalda a la derogación de la ley que permitiría a Manuel Cordero Piacentini eludir su responsabilidad por semejantes acusaciones, amparado por las singularidades de la transición uruguaya.
La cuenta regresiva pudo incluso comenzar cualquier tarde siniestra de 1976, cuando Cordero y sus secuaces paseaban su vesania por los chupaderos de Argentina y Uruguay. Los crímenes por los que están en la cárcel son de tal brutalidad que sólo pueden explicarse por esa sensación de impunidad, ese perfume de eternidad que genera el poder absoluto.
De confirmarse lo que dicen sus acusadores, Cordero Piacentini encarnaría lo peor de su época: el desprecio por la vida del prójimo y por la libertad que caracterizó al continente durante los años sesenta y setenta, un argumento que ayudará a entender cómo se pudo caer en tal grado de crueldad pero que no lo librará de purgar una prolongada condena.
Es significativo que la sociedad y sus propios acusadores no reclamen más que el imperio de la ley. Es que lo principal no es jurídico sino humanitario. Cordero deberá ser atendido de su presunta dolencia mientras dure el juicio y aún después, si es condenado, no sólo porque eso fue lo acordado entre las autoridades brasileñas y argentinas sino porque la conciencia social así lo demanda.
En la democracia que pudimos construir, no hay lugar para la tortura, el secuestro, el atentado, la desaparición forzada o el asesinato con móviles políticos ni con ninguna excusa. Esta es una lección que Cordero y sus compinches no quieren aprender.
Asistido por su cardiólogo y su abogado defensor y protegido por las garantías del debido proceso, Cordero tendrá la oportunidad de demostrar su inocencia, sin que un carcelero infame lo atormente con choques eléctricos. La sociedad a la que atormentó con su banda de criminales podrá celebrar su eventual condena, a condición de que el sospechoso haya tenido derecho a defenderse sin sufrir apremios físicos ni acoso de ningún tipo. En la soledad de su celda, Manuel Cordero Piacentini, a los 71 años de edad, comprenderá finalmente la dimensión de su derrota.

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