El Parlamento viola la Constitución

Por esta iniciativa, el Parlamento se atribuye la potestad de que, mediante el subterfugio de interpretar la Constitución de la República, se anule una ley que fue aprobada por un Parlamento democrático hace veinticinco años y que luego fue ratificada en su vigencia por el voto popular mediante dos pronunciamientos con dos décadas de diferencia.

El Poder Legislativo, además, mediante este proyecto de ley comete un segundo atropello. Para que no queden dudas de la intención anulatoria de la norma votada, se indica en el mismo texto que los plazos de prescripción para los delitos vinculados a esta normativa se deben entender como que no han corrido durante todo el tiempo de vigencia de la mencionada ley. Otro verdadero disparate jurídico que no tiene antecedentes en nuestra historia institucional.

El Poder Legislativo puede derogar las leyes lo que produce efectos a partir de la fecha de su derogación, pero nuestro orden jurídico no otorga al legislador la potestad de anular las normas legislativas, y ello es así en función del respeto al principio de certeza jurídica que es la primera de las garantías para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

Es una evidente paradoja que, en nombre de la defensa de los derechos humanos, la mayoría frenteamplista cercene uno de los principios cardinales del Derecho que ha sido consagrado en defensa justamente de los derechos del ciudadano. La certeza jurídica es el principio que da garantías a los ciudadanos sobre cuál es el marco normativo vigente en el momento en que se aprecia su conducta, la posibilidad de cercenar esa certeza abre la puerta a la arbitrariedad de las cambiantes mayorías políticas que pueden establecerse en diferentes momentos.

Como bien se sabe quien esto escribe nunca fue partidario de la Ley de Caducidad y, por ello trabajamos juntando firmas para su derogación mediante el procedimiento del recurso de referéndum previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Lamentablemente en aquella oportunidad perdimos porque la ciudadanía ratificó lo actuado por el Parlamento al aprobar tres años antes la mencionada ley.

Desde ese entonces a la fecha la Ley de Caducidad produjo sus efectos y, mal que nos pese, estos efectos determinaron que los autores de ciertos delitos no fueran castigados. Sin embargo, en el pasado período de gobierno una interpretación del Poder Ejecutivo, a nuestro juicio más ajustada de la norma, permitió que ciertas situaciones fueran juzgadas y sus autores fueran castigados.

Posteriormente, en varios casos que fueron presentados por la vía de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, también se obtuvo un camino jurídicamente correcto para avanzar en su responsabilidad en la medida que la Suprema Corte falló en el sentido de la inconstitucionalidad de la norma cuestionada.

Todas estas acciones, que hicieron posible que muchos responsables de delitos de violación de los derechos humanos estén hoy pagando sus culpas, se cumplieron dentro del apego al Estado de Derecho y sus principios fundamentales.

Sin embargo, el paso que está dando el Parlamento mediante la aprobación de este proyecto de ley es de una gravedad inusitada. Se está violando la Constitución de una forma flagrante.
Pero además se ha desoído el mandato popular más reciente que rechazó una enmienda constitucional que buscaba la anulación de la mencionada ley. Es más, los candidatos del Frente Amplio expresaron su voluntad expresa de acatar el pronunciamiento ciudadano, cosa que hoy están incumpliendo en forma tan sorprendente como evidente.

La decisión que se está tomando, que será complementada mediante el voto de la mayoría frenteamplista en la Cámara de Diputados, lejos de resolver este asunto, abrirá nuevos conflictos jurídicos, en la medida que su evidente inconstitucionalidad será argumentada por todo aquel que se sienta afectado por la nueva situación y, sin lugar a dudas, el fallo judicial declarará su lógica inconstitucionalidad.

Para que nada le faltara a este episodio en materia de desconocimiento de las reglas de juego, algunos legisladores del partido de gobierno han decidido que por encima del respeto a la Constitución que prometieron defender, está la disciplina interna de su propio partido. Pobre democracia si la lealtad a un partido político es más fuerte que la lealtad a los principios constitucionales.