Edad de imputabilidad y oportunismo

El primer problema que presenta este planteo es que, como bien señalaron algunos dirigentes colorados que no acompañaron la iniciativa, el planteo es verbal y no existe un texto concreto y específico sobre el que expedirse. Sorprende que se resuelva salir a recolectar firmas sobre un texto inexistente; las firmas se adhieren a un documento no a un discurso, ¿no?

En segundo lugar, una de las iniciativas que se incluyen en la propuesta fue acordada por los cuatro partidos en el marco de los documentos multipartidarios. En efecto, en el documento sobre seguridad se acordó crear un instituto específico, separado del INAU, para la atención de los menores infractores. Por lo tanto, resulta poco entendible que se incluya como bandera política propia algo que es el resultado del acuerdo entre todos los partidos.

En tercer lugar, ninguna de las medidas propuestas requiere, para su aprobación, de una reforma constitucional. Por el contrario, tanto la reducción de la edad como la mantención de los antecedentes son disposiciones de naturaleza legislativa cuya modificación no necesita de un Plebiscito Constitucional que lo avale.

Por otra parte, el procedimiento de recolección de firmas lleva la instancia plebiscitaria a la próxima elección nacional, es decir a octubre de 2014. Es decir que la propuesta colorada, acompañada de discursos altisonantes sobre la urgencia de dar respuesta a este problema como un asunto imprescindible que debe ser resuelto ya, les propone a los ciudadanos que la solución se obtendrá, si se juntan las firmas, dentro de cuatro años.
¡Firme ya y luego espere cuatro años, que le resolvemos el problema! Esa es la gran solución que ofrece la mayoría del Partido Colorado.

En cuarto lugar, y esto es lo más importante, se maneja con criterio engañoso el problema de la imputabilidad. No es cierto que los menores de 18 años no sean imputables, nuestro país (como la gran mayoría de los países del mundo) tiene una edad mínima para la imputabilidad que está fijada en los 13 años (muy similar a la de buena parte del mundo) y luego un régimen especial para los menores entre 13 y 18 años que implica la aplicación de sanciones frente a las infracciones que cometen los menores y que incluye la adopción de diferentes tipos de medidas, incluida la privación de libertad.

Entonces, no es que los menores de 18 años sean imputables, sino que están sometidos a un régimen especial y distinto al de los mayores, aquí y en la mayor parte del mundo.

Lo que ocurre es que resulta más efectista aprovechar el miedo de muchos ciudadanos que sienten la crisis de la seguridad y "dar manija" aumentando groseramente el peso de la participación de los menores en la comisión de los delitos.

Por supuesto que la inseguridad es uno de los principales problemas del país, por supuesto que esta se ha deteriorado significativamente en los últimos años (al menos desde hace quince años) y por supuesto que el sistema actual que se aplica a los menores infractores tiene enormes carencias en su capacidad de cumplir con lo que manda la ley vigente.

Seguramente será necesario cambiar la norma, para los casos de delitos graves, que prohíbe que los antecedentes generados siendo menor de edad no se eliminen al cumplir la mayoría de edad. También es imprescindible tomar medidas administrativas para que los menores que son privados de libertad por orden judicial, no se fuguen. Ciertamente desde el INAU se está trabajando en esta solución que no requiere de norma alguna, porque lo que se debe hacer es evitar que los menores que deben estar recluidos, se fuguen.

Pero todos sabemos que bajando la edad de 18 a 16 años, para que un joven en ese rango etario sea tratado como un adulto, no se resuelve el problema de la inseguridad. Se genera el espejismo de su solución y la gente queda con la sensación de que algo ha cambiado, cuando en realidad lo único que habrá cambiado es que un joven de entre 16 y 18 años irá al COMCAR o al Penal de Libertad en vez de ir a uno de los centros de reclusión del INAU.

Lo que no se puede hacer es aprovecharse del miedo de la gente para convertir este asunto en una bandera política, magnificando y amplificando una realidad que, ciertamente hay que cambiar en su justo término, pero sin dejar de apostar a la rehabilitación como regla general para dar respuesta a los menores infractores. Lo otro es meramente un ejemplo muy nítido del oportunismo político más antiguo.