Duro y parejo

Según el diario La Nación, el gobierno argentino endurecerá su posición en el conflicto por la instalación de Botnia. Su delegación irá a Nueva York con la misión de "exigir más compromiso de Uruguay con el proceso de diálogo", en el entendido de que nuestro gobierno "nunca entregó información que justificara el lugar de ubicación de la fábrica ni respondió preguntas específicas de la Argentina relacionadas con el efecto ambiental que tendría la producción de celulosa en la zona".

El endurecimiento en el conflicto es el único camino que le queda a la Administración Kirchner, atrapada entre la irracionalidad de Gualeguaychú y un casi seguro fallo negativo en La Haya. Con elecciones nacionales a la vuelta de la esquina, el campo de acción se vuelve todavía más reducido. Al gobierno argentino le cabe la responsabilidad de haber apelado a La Haya ante la imposibilidad de avanzar en las negociaciones bilaterales. Si bien es una instancia prevista en el Tratado del Río Uruguay, el litigio introdujo una lógica que imposibilitó, en los hechos, el avance de cualquier tipo de negociación. Lejos de simplificar la salida, la hizo más distante, compleja e incierta. En rigor, la participación del alto tribunal convierte al conflicto en un asunto jurisdiccional y deja a un costado la diplomacia.

Ambas delegaciones irán a Nueva York tras la presentación de la contramemoria uruguaya ante la Corte Internacional, en la que el gobierno buscará responder a los argumentos presentados por Argentina. No parece razonable que, en medio de un juicio de tan grandes implicancias, las delegaciones participen de un diálogo verdadero, que sólo puede desarrollarse en un marco de confianza mutua. A esto debe sumarse la presencia de múltiples actores e intereses y el reducido margen de acción que tienen ambos gobiernos, para comprender que el proceso que nos llevará a la solución del conflicto es de extrema complejidad.

Es que el mayor daño ocasionado por la estrategia jurisdiccional resuelta por Argentina, no está en las consecuencias económicas de los cortes de puentes sino en la ilegitimidad mutua y en la imposibilidad, en tales circunstancias, de promover la búsqueda de una solución en el marco de la histórica cooperación binacional.

En la cancillería uruguaya lo tienen claro: el fallo del Tribunal Internacional, cualquiera sea, no alcanzará para solucionar el conflicto. Habrá que desarrollar otras acciones para que, andando el camino, pueda retomar el tradicional clima de convivencia entre los pobladores de ambas márgenes del Río Uruguay. El problema es qué tipo de acciones promover y cuándo.

La calma con que el gobierno uruguayo espera las próximas instancias judiciales marcan la confianza en un fallo favorable en La Haya. El conflicto es todavía demasiado volátil como para que la cancillería viera con buenos ojos que un grupo de diputados uruguayos visitara el campamento de Arroyo Verde, pero tarde o temprano, habrá que recorrer ese camino. Allí está el problema. Allí está la solución.