Dudas

Los trabajos periodísticos publicados en el semanario Brecha sobre las presuntas implicancias de Gonzalo Fernández en el caso Peirano han explotado en la interna frenteamplista.

Mientras la oposición pide una comisión investigadora en el Parlamento y algunos sectores del oficialismo reclaman la propia, el presidente Mujica visita a Fernández para trasmitirle su apoyo, pero aclara luego lo obvio: en este caso, como en cualquiera, "nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario".

En términos políticos, lo más grave del caso no es que se haya instalado la duda entre los propios compañeros de Fernández y Salom, sino la teoría que manejan los implicados para explicar por qué las acusaciones y objeciones vienen de medios de prensa y legisladores de izquierda. Ambos están persuadidos de que hay una suerte de complot para perjudicar a Fernández y, por elevación, al Partido Socialista y al mismísimo Tabaré Vázquez.

Cecilia Salom (abogada penalista, ex fiscal y esposa de Fernández) reconoció haber estado al frente del estudio de su marido mientras este participaba del gobierno de Vázquez como ministro y secretario del presidente.

Su bufete litigó con el Estado en varias causas, la más polémica de las cuales es la de un antiguo colaborador de los Peirano en el Banco de Montevideo. Salom rechaza que existiera algún tipo de vinculación de Fernández con el caso, niega que el hecho de ser su estudio y su esposa quienes trabajaban en un caso así de sensible tenga algo que ver con la ética, y finalmente, que no había razón de informar a la bancada socialista, a la que asesoraba, sobre su patrocinio, a pesar de que el asunto ya había generado malestar cuando trascendió que Fernández iba a defender a los Peirano. Es cierto que ninguna de estas conductas está tipificada como delito, pero eso no quiere decir que sean convenientes.

En los "Lineamientos programáticos para el gobierno 2005-2010" aprobados en su IV Congreso Extraordinario, el Frente Amplio se proponía ir al rescate de una "nueva ética" y atribuía a "la herencia estructural del neoliberalismo" que haya caído en el descrédito "la importancia de los valores éticos", fundamentalmente la "honradez" y la "transparencia".

La investigación de Brecha no alcanza a demostrar, al menos hasta ahora, que Fernández y Salom hayan actuado de manera deshonesta, pero la sospecha sobre la falta de transparencia en este y otros casos, viene de mucho antes e incluye a parte de la dirigencia frentista. No en vano el diputado del MPP, Álvaro Vega, volvió a hablar el lunes sobre el oscuro episodio de la denominada "ley Salom", que habilitó a los fiscales a salir en comisión y que "justo le calzó a su compañera". Vega recordó que, "cuando Gonzalo Fernández mantenía actividad privada mientras era Secretario de la Presidencia" a él le parecía "criticable". No era el único.