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El reconocimiento legal al “matrimonio gay”, votado días atrás en el Congreso argentino, permitió ver hasta qué punto es un tema problemático, e incluso escandaloso para buena parte de la opinión pública. El anuncio de que el Partido Socialista promoverá en nuestro país una iniciativa similar, es una buena oportunidad para reflexionar sobre qué asuntos están en juego, evitando llegar a los extremos de irracionalidad y prejuicios que suelen aflorar cuando se tratan estos asuntos. 

El debate no debería ser sobre cuestiones religiosas. Nuestra Constitución establece que el Estado “no sostiene religión alguna”, por lo que cualquier precepto moral de origen religioso sobre la manera de constituir una pareja o una familia debería quedar igualmente amparado por el derecho positivo. Quienes creen que la heterosexualidad es un mandato divino no tiene más derecho a imponer su dogma religioso a los homosexuales del que éstos tienen de imponer el suyo a los heterosexuales.

El debate no debería ser sobre cuestiones reproductivas o demográficas. Las parejas homosexuales no pueden cumplir con la  función reproductora pero esta es sólo una entre las muchas que dan sentido a la familia. Hay otras, como el amor, la contención emocional y el sustento material que se pueden prestar cualquiera sea el sexo de los cónyuges. Esgrimir como argumento que las parejas gays no pueden sostener la reproducción de la especie es desconocer doblemente la realidad. Primero, porque el rechazo del proyecto de ley no hará que las personas se larguen a procrear. Segundo, porque la humanidad no parece presentar riesgos de desaparición, por mucho que los homosexuales, los sacerdotes, los monjes y las monjas se hayan desentendido, en términos generales, de la función procreadora.

El debate no debería ser sobre cuestiones sexuales. Lo que se consagrará no es la promoción de la homosexualidad ni mucho menos su obligatoriedad. La ley no dirá nada sobre las prácticas sexuales de cada uno, entre otras razones porque la Constitución deriva tales asuntos a la esfera de la vida privada. La proyectada ley sólo busca que se reconozcan como igualmente válidos los matrimonios formados desde cualquier opción sexual.

El debate no debería ser sobre criterios de presunta normalidad o anormalidad. La historia muestra cómo lo que ayer era disparatado y antinatural, hoy es una conducta aceptada y hasta virtuosa. Alcanza con recordad la larga lista de conquistas sociales y avances científicos que se lograron contra la voluntad de los guardianes de la norma, como la refutación de la teoría geocéntrica del universo, el fin del absolutismo, el advenimiento de la democracia y las repúblicas, el matrimonio interracial, el voto universal y los derechos de la mujer.

El debate no debería ser sobre cuestiones morales. Asignar moralidad a la opción sexual de las personas es una reacción tan vieja como prejuiciosa. La moral que nos debería preocupar cuando se discute sobre una ley, es la que se referirse a ciertos valores personales de carácter universal como el amor al prójimo y el respeto por los semejantes, pero su práctica nada tiene que ver las preferencias sexuales de los cónyuges.

El debate no debería ser sobre los efectos psicosociales de los niños que puedan ser adoptados por parejas de un mismo sexo. Las pocas investigaciones disponibles no muestran que los niños y niñas criados por parejas homosexuales presenten alguna peculiaridad en torno a su desarrollo psicosocial; ni siquiera aparece una mayor inclinación hacia la misma opción sexual de sus padres. Aunque se trata de un aspecto controversial que suele empantanar las discusiones sobre adopción, los gays que lo desean ya pueden adoptar. De no aprobarse la ley que equipara el “matrimonio gay” al heterosexual, lo que se perpetuará es la desprotección de uno de los miembros de la pareja con relación a la patria potestad.

El debate debería centrarse en dilucidar si la legislación matrimonial  consagrará que “todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes”, como establece la Constitución, o mantendrá la discriminación por razones de preferencia sexual.

El debate debería ser entre quienes pretenden que la ley sólo reconozca derechos a quienes viven de acuerdo a las preferencias mayoritarias y quienes creemos que la legislación debe equiparar el derecho a la libertad de todos los ciudadanos, independientemente de cuáles sean sus opciones religiosas (si es que tienen una), culturales, sexuales o reproductivas. En definitiva, el asunto no es entre la heterosexualidad y la homosexualidad sino entre la discriminación y la igualdad de derechos. Sobre eso debería discutirse.