Distribución del ingreso y asignación de recursos

El Estado está en condiciones de hacer una renuncia fiscal importante, equivalente a alrededor de doscientos cincuenta millones de dólares por año, por lo que el debate se ha instalado sobre el destino de estos recursos y la forma en que dicha renuncia impactará en mayor medida sobre la distribución del ingreso.

Tomemos como punto de partida dos datos concretos.

En primer lugar, el proceso de crecimiento económico de este quinquenio no ha estado acompañado de una mejora en la distribución del ingreso; efectivamente el PBI ha crecido significativamente desde el año 2004 pero la forma en que se ha distribuido no ha permitido mejorar la equidad. Por lo tanto, está en la preocupación del gobierno la búsqueda de una mejora en este aspecto.

En segundo lugar, el partido de gobierno se comprometió, durante la campaña electoral ante la ciudadanía, a que rebajaría en dos puntos la tasa del IVA.

Algunas voces dentro del partido de gobierno entienden que dicha rebaja debe ser focalizada y dirigida a los sectores de menores recursos para que tenga un mayor impacto redistributivo, aunque ello suponga incumplir la promesa electoral.

El partido de gobierno ya sabía hace un año y medio, cuando estaba en campaña electoral, que la distribución del ingreso no había mejorado y conocía las proyecciones de crecimiento de la economía para este año, por lo tanto debe anotarse que este incumplimiento de su promesa electoral no se debe a la emergencia de hechos supervinientes que hacen imposible su cumplimiento. Más bien parece ser una reflexión posterior que merece su análisis técnico y su evaluación cuidadosa.

Lo cierto es que una reducción "personalizada" del IVA, limitada a ciertos sectores de la población, implica un desafío técnico complejo puesto que es muy difícil fijar criterios objetivos para la delimitación de la población objetivo, así como encontrar mecanismos que impidan la "perforación" de los criterios asumidos. Se ha anunciado que un criterio de focalización sería recurrir al uso de la tarjeta de alimentación que otorga el MIDES a las familias que reciben el subsidio, en tal caso la ventaja de la reducción impositiva se concentrará en los sectores que están en situación de indigencia, los que son una pequeña parte de la población pobre de nuestro país.

Por otra parte, en el análisis no debe confundirse la necesidad de elevar el "piso mínimo", es decir la reducción de la pobreza o, más restringido aun, de la indigencia, con la "reducción de la distancia económica", es decir la mejora en la distribución del ingreso.

La mejora en la distribución del ingreso no solo tiene que ver con la reducción del número de personas en situación de pobreza. Es más, un país puede reducir la pobreza significativamente y no mejorar la distribución del ingreso, ese ha sido nuestro caso durante los años recientes.

Nadie puede dudar de que Uruguay aumentó muy significativamente los recursos destinados a los hogares pobres (ingreso ciudadano primero, asignaciones familiares y plan alimentario después), estos hogares bajaron de un tercio a menos del 20% en seis años y, sin embargo, no se produjo la más mínima mejora en la distribución del ingreso.

La mejora en la distribución del ingreso depende de que, al mismo tiempo que se mejora la situación de los hogares pobres, los hogares de los sectores medios de la sociedad obtengan un nivel de participación en los ingresos que impida que los más favorecidos por el crecimiento aumenten significativamente la distancia con respecto a estos sectores de la población.

¿Cómo se logra este objetivo?

En el mediano plazo, este objetivo se logra con la gestación de una estructura productiva que genere empleos de calidad, bien remunerados y estables; y ello depende de que nuestra economía mejore su competitividad en el mundo para que se pueda incorporar mayor valor agregado en los productos que nuestro país vende, lo que lleva directamente al debate sobre la política cambiaria.

Al mismo tiempo, también se logra mediante un profundo y urgente cambio en nuestro sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones de manera adecuada para ocupar los nuevos puestos de trabajo que requieren de niveles de calificación que nuestro actual sistema educativo no ofrece. También se requiere de un urgente y adecuado uso de los cuantiosos recursos del Fondo de Reconversión Laboral, para capacitar individuos que no poseen las capacidades requeridas para integrarse al mercado de empleo exitosamente.

Pero en el corto plazo, y en relación a la discusión puntual sobre la aplicación de los recursos, la alternativa entre la reducción focalizada a los sectores de menores recursos o la rebaja generalizada es un asunto que debe dilucidarse en función de criterios técnicos y objetivos que permitan establecer cual de los dos procedimientos permite un mayor impacto redistributivo.

Lo que sí está claro es que ni la universalización de las asignaciones familiares (que favorecería a los hijos de los hogares no pobres), ni el incremento del IRPF (que supondría un nuevo golpe fiscal sobre los ingresos de los sectores medios y medio-altos) que han propuesto también algunos representantes del gobierno, contribuirán a mejorar la distribución del ingreso en nuestro país.