Dignidad arriba

“Desde el punto de vista estrictamente del cumplimiento ni qué hablar… si lo laudó el soberano, chau, esto no se discute, se acata… El gobierno que viene tiene que acatar estrictamente, y le adelanto más: el tener eventualmente una mayoría parlamentaria no legitima que se le pueda enmendar la plana a una decisión que pueda tomar la gente… Yo no le corrijo la plana a un pueblo… Y si la opinión pública quiere hacer otra cosa después, allá ella”. (José Mujica, 19 de noviembre de 2009 en Código País, Canal 12)

“El resultado que, obviamente hay que acatar porque es el juicio del soberano, no significa que el pueblo uruguayo esté a favor de la impunidad… ¿Es tema cerrado? Yo no diría que es tema cerrado… Todavía hay paño para seguir actuando con la Ley de Caducidad y aplicándola bien como lo hizo el presidente Vázquez”. (Danilo Astori en el mismo programa)

Es muy difícil explicarle al ciudadano común, incluyendo a muchos frentistas, lo que el oficialismo está a punto de hacer con relación a la Ley de Caducidad. No sólo porque la ciencia jurídica y la dignidad política señalan que las decisiones del soberano están por encima de las que toman sus representantes, sino porque los promotores de su anulación juraron y recontrajuraron que en un asunto de tanta trascendencia, era éste quien debía resolver. Así fue durante la campaña de recolección de firmas para promover la derogación en 1989, y así veinte años después, (¡hace apenas unos meses!), durante los últimos comicios.

En principio, alcanzaría con reparar en la Constitución de la República, que en su artículo 4to. establece que "la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la Nación", y en su Artículo 77mo. especifica que ésta se refiere a la expresión electoral de todos los ciudadanos. Por las dudas, el ex senador socialista y ex catedrático de Derecho Constitucional, José Korzeniak, ha dicho claramente que él siempre sostuvo que "el Cuerpo Electoral está por encima de los demás poderes".

¿Para qué habría de expresarse la Nación por dos veces si una mayoría simple de legisladores iba a enmendarle la plana? ¿Para qué soportar durante dos campañas separadas por veinte años la apelación principista a que sea "el pueblo quien decida"?

Probablemente, el modelo de transición democrática elegido por la mayoría de las fuerzas políticas que negociaron en 1984 con los militares hacía inevitable las cosas que pasaron, pero había que estar en el pellejo de aquellos hombres (en especial de quienes representaban a una fuerza política como el Frente Amplio, proscripta y perseguida con saña por la dictadura) para saber si era posible obtener algo mejor sin hipotecar el retorno a la democracia.

Lo cierto es que el "cambio en paz" dejó por el camino nada menos que la independencia del Poder Judicial, el imperio pleno de la ley, la búsqueda de la verdad sobre los crímenes cometidos durante una larga década y el justo derecho de los familiares de las víctimas (y de la sociedad en su conjunto) de saber lo que pasó y mandar tras las rejas a los criminales. Paradójicamente, fue en aplicación de la Ley de Caducidad y durante el primer gobierno frentista que se logró investigar, esclarecer, juzgar y encarcelar.

Quizás hubo miedo en parte del electorado en 1989 y seguramente algo de desdén en 2009. Poco importan las interpretaciones cuando se trata de algo tan sencillo como respetar el pronunciamiento popular y, sobre todo, ser buen perdedor.

Probablemente los responsables de este nuevo "mamarracho jurídico" (lo es la Ley de Caducidad y lo será la ley interpretativa, también inconstitucional) no han medido adecuadamente las consecuencias políticas de haber quedado bajo la sombra de la sospecha en cuestiones que hacen a valores esenciales, tanto del sistema democrático como de la dignidad política.